Calabazas. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha denegado a la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que se refuerce con un nuevo magistrado, ya que, para el Servicio de Inspección, es "una medida innecesaria", según ha informado este jueves el gabinete de prensa del CGPJ a ElNacional.cat. La sala aprobó esta medida ante el número de causas que tienen contra personas aforadas (diputados del Parlament y cargos del Govern), que se dispararon por el procés de independencia de Catalunya, con un nivel de judicialización de la politica, que no tienen el resto de TSJ del Estado español. El objetivo era que jueces titulares de la sala puedan celebrar los juicios y no quedar descartados por haber intervenido en trámites de admisión o ser recusados. De los candidatos, la sala escogió por su antigüedad y méritos al presidente de la sección 22 de Barcelona, Francesc Uría Martínez. La polémica saltó porque la expresidenta del TSJC, la magistrada Maria Eugènia Alegret, consideró que no era un candidato adecuado porque fue uno de los 33 jueces que firmó el manifiesto por el derecho a decidir en el 2014. Alegret exponía en un voto contrario al acuerdo que "su posición política/ideológica sobre el derecho de autodeterminación de Catalunya y su ejercicio por la vía de consulta o referéndum" podría provocar a que Uría fuera recusado por alguna parte. Ahora, los cargos del Poder Judicial - que abrió un expediente a los 33 jueces, y con el mandato caducado desde diciembre de 2018- no se pronuncian sobre el derecho a decidir, pero, en parte, la dan la razón a Alegret.
Inspección razona que la sala Civil y Penal del TSJC tiene una planta orgánica de 5 magistrados, y expone que una de ellas está adscrita en la sala del Contencioso-Administrativo y que se reincorporará el próximo 5 de mayo. Se trata de la magistrada Núria Bassols, que aceptó apartarse de la sala de lo Civil y Penal cuando estalló el caso del 3% de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y su marido fue detenido en esta operación, de la cual ya se ha acabado la instrucción y se tiene que juzgar en la Audiencia Nacional. Bassols ha sido señalada para ocupar un cargo con el gobierno de Artur Mas.
Inspección del CGPJ también expone que el 1 de septiembre de 2018 entró en funcionamiento la sección 1.ª de Apelación penal de la Sala de lo Civil y Penal, que actualmente cuenta con cuatro magistrados, tres titulares y una adscrita. Estos magistrados de la sección, menos la presidenta Àngels Vivas -que también firmó el manifiesto jurídico el derecho a decidir- son los primeros para reforzar los tribunales de la sala, como es el caso de la magistrada Maria Jesús Manzano, que forma parte del tribunal -junto con el presidente del TSJC, Jesús Maria Barrientos, y Fernando Lacaba- que actualmente juzga Laura Borràs por su gestión cuando era directora de la Institució de las Lletres Catalanes (ILC).
Magistrados recusados
En la resolución, Inspección razona que dada la composición de la sala, "no se aprecian razones objetivas" que impidan el normal funcionamiento de tribunal para los fines que se pretenden, y añade que cuando por razones objetivas no exista magistrados titulares para conformar la sala del tribunal, "se tiene que respetar para su integración el orden de prioridad establecido en la misma ley orgánica, a través de la suplencia profesional entre los miembros de la carrera judicial del artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual fija el sistema para llamar jueces para conformar un tribunal, a través del llamamiento de los voluntarios, que primero tiene que ser del mismo tribunal, y después de órganos ajenos. El presidente del TSJC también puede designar a un juez de adscripción territorial. Es decir, el CGPJ indica al TSJC que tiene que seleccionar un magistrado cuándo tenga necesidades concretas y no de forma genérica y global.
Sin embargo, el Poder Judicial no ha tenido en cuenta que desde el 9-N de 2014 se mantiene una elevada judicialización de la política catalana. La sala civil y penal del TSJC se ha tenido que reforzar con magistrados de otros tribales para formar un tribunal. Y se mantiene una situación crítica, desde que la sala 77 aceptó las recursacions de Jesús Maria Barrientos y Carlos Ramos, por impulso de Josep Costa, y se tuvieron que apartar del juicio de la Mesa del Parlament, presidía por Roger Torrent, y que fue absuelta. Los dos, también se han apartado del juicio pendiente a la consellera Meritxell Serret por desobediencia por el 1-O, así como en el caso de la repetición del juicio a la Mesa del Parlament, presidida por Carme Forcadell, y ordenada por el Supremo.
Jueces Indemnizados
Con respecto al derecho a decidir, el Gobierno hizo efectiva la Navidad pasada la indemnización una veintena de jueces que firmaron este manifiesto jurídico porque su imagen, extraída de su DNI, fue publicada en un artículo del diario La Razón en que los criminalizaba como jueces separatistas. Y recientemente se ha conocido que lo impulsó la policía patriótica del PP. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó el Estado español por no haber protegido su derecho a la intimidad, además de afirmar que no se pueden hacer informes y ni tampoco investigar ciudadanos sin motivo alguno.
En la imagen principal, el presidente del TSJC, Jesús Maria Barrientos, con el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, y el Fiscal Superior de Catalunya, Francisco Bañeres, en un acto de en el Palacio de Justicia. / Foto: Carlos Baglietto