La polémica continúa bien viva este martes después de la filtración ayer de los vídeos de la declaración del exlíder de Sumar Iñigo Errejón y de Elisa Mouliaá, la semana pasada, ante el juez de Madrid, que investiga la denuncia que presentó a la actriz contra el exlíder de Sumar por agresión sexual. Las redes sociales se han llenado de reacciones contra la difusión de estas imágenes y también del tono inquisitivo, cortante y valorativo del titular juzgado de instrucción 47 de Madrid, Adolfo Carretero, con Errejón y sobre todo con Mouliaá. La asociación de Juezas y Jueces por la Democracia (JJxD) ha sido de las primeras en reaccionar en X (antes Twitter) y afirma que: "Reivindica una justicia garante de los derechos y respetuosa con la intimidad y que evite prácticas revictimitzadoras, como recoge el Estatuto de la víctima, la ley de 10/2022, y el convenio de Estambul". Y este mediodía ha reaccionado el Poder Judicial, aunque sin reprobar la actitud del magistrado, del cual se afirma que tiene que hacer preguntas difíciles, como en todo delito sexual, pero sin faltar al respecto y ni hacer valoraciones, como se desprende del interrogatorio.
El juez preguntó a la presentadora si había denunciado por despecho, y a Errejón si no cumplía con lo que decía cuando era líder de Sumar, en las relaciones sexuales y la Ley del Solo sí es sí, que impulsaron. El exlíder de la formación morada declaró que fueron relaciones consentidas. En concreto, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Poder Judicial, Esther Erice, ha hecho un comunicado en el cual "expresa su rechazo" a la filtración de los vídeos judiciales, especialmente en un procedimiento de violencia sexual, y "recuerda la especial protección a la intimidad que la ley otorga a todas las víctimas".
Ninguna queja ni reproche del Poder Judicial
La responsable del Poder Judicial añade que "no consta la interposición de ninguna queja delante de este CGPJ por los que están legitimados para eso"; es decir, el denunciado y la denunciante. Y sobre el interrogatorio del magistrado, esquiva ninguna responsabilidad y declara: "Confía en que medidas como la atribución del conocimiento de las causas por delito sexual en juzgados especializados y con formación específica que ha realizado la Ley Orgánica 1/2025 aporte una sustancial mejora en la instrucción y resolución de estos delitos."
Con respecto a las reacciones, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, también ha criticado abiertamente las preguntas que el juez Adolfo Carretero le hizo a Elisa Mouliaá en la comparecencia de la semana pasada después de la denuncia interpuesta por agresión sexual contra Errejón. A juicio de la titular de Igualdad, "este tipo de interrogatorios revictimiza a las mujeres", ha afirmado en un mensaje en su cuenta de X. Asociaciones de mujeres y de abogadas han expresado su rechazo.
La abogada penalista y especialista en violencias y derechos humanos, Laia Serra, también ha denunciado en X que la difusión de los videos es victim blaming, es decir que se culpa a las víctimas del que le ha pasado, y que los juzgados tendría que garantizar la protección y no difusión, tal como fija las leyes.
La divulgació de la declaració judicial d'Elisa Mouliaá és victim blaming. Els Jutjats han d'assegurar la protecció de la intimitat de les víctimes i més en fase d'instrucció, segons la LECRim + Ll.Estatut Víctima. Tb es contravé la Ll.O.Protecció Dades.
— Laia Serra (@Laia_Serra_) January 21, 2025
El magistrado también hizo preguntas valorativas a Errejón y le exigió si no cumplía el mandato de su partido, que defendía "Solo sí es sí".