Nueva constatación. Una inspectora de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la policía española ha confirmado este martes al tribunal de la Audiencia Nacional que juzga la operación Mito, que cuando registraron el despacho profesional y el domicilio de Gonzalo Boye, con permiso judicial el 21 de octubre de 2019, extrajeron de su ordenador un documento de 52 páginas, clave para su defensa. Este documento es un escrito de estrategia de defensa del abogado de Carles Puigdemont si era imputado, como al final pasó, después de que Manuel Puentes Saavedra, uno de los acusados de la operación Mito, implicó a Boye. Puentes Saavedra aseguró a la juez instructora que Boye intentaba recuperar, por la vía administrativa, unos 890.000 euros decomisados en el aeropuerto de Barajas el 2017, y que estos no eran de Manuel Pedro González Rubio, sino de José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco y condenado por narcotráfico. Puentes Saavedra consiguió la libertad provisional con esta incriminación; por eso, se considera que su declaración se tiene que expulsar del procedimiento.

La defensa de Boye sostiene que este reconocimiento de la policía es clave porque se demuestra que "se ha vulnerado su derecho de defensa" en este procedimiento, tal como alegó en las cuestiones previas. "La acusación contra Boye es parte de una investigación prospectiva en la cual se vulneró el secreto profesional de él y de sus abogados, así como el principio de igualdad de armas", denuncia su defensa. En la sesión del lunes, la misma inspectora se mostró desmemoriada cuando se le preguntaba por hechos exculpatorios para el penalista.

Móvil clonado y búsquedas en el ordenador

La inspectora de la UDEF, con el número profesional 127.263, ha explicado al tribunal que al entrar en el despacho profesional de Gonzalo Boye clonaron su móvil, hicieron búsquedas en su ordenador con palabras clave y también le cogieron el contenido de un lápiz de memoria. La magistrada María Tardón —instructora de la operación Mito desde 2016 y que mantuvo en secreto la pieza de blanqueo— dictó una resolución de expurgar sobre todo lo decomisado al abogado y quedarse con lo relacionado con el caso. No obstante, la UDEF obtuvo documentos de defensa para rebatir las acusaciones de Puentes Saavedra.

La inspectora también se ha sacudido responsabilidades cuando el abogado de Boye, Eduardo García Peña, le ha informado de que destaparon comunicaciones de defensa de su despacho. "Si es así, no se ha incorporado al informe", ha declarado. La policía, sin embargo, ha admitido que vieron en el lápiz de memoria decomisado un documento hecho por Boye con los WhatsApp de la hija de Prado Bugallo, que es abogada, y con la cual coordinaba la recuperación del dinero de Barajas.

Pagos a Boye

En la vista, también ha declarado una responsable de la policía española (con el número profesional 129.625), la cual fue la encargada de hacer los informes económicos de los 48 investigados y sus sociedades. Ha asegurado que gran parte de los acusados recibían ingresos en efectivo en sus cuentas y, por tanto, no se puede aclarar su procedencia, y que las sociedades Inmobiliaria San Saturnino y Astilleros Facho en realidad eran de Sito Miñanco.

El abogado de Prado Bugallo, Jacobo Teijelo, ha pedido a la policía que de dónde deducía que el dinero de Barajas era de él y los pagos supuestamente hechos a Boye. La responsable policial ha admitido que era una deducción de "apuntes" y de lo manifestado por Puentes Saavedra, a pesar de que la anterior inspectora admitió que sus declaraciones no eran relevantes.

El penalista también ha preguntado a la policía si sabía que Boye había sido el abogado de Prado Bugallo por un caso de blanqueo en la Audiencia de Pontevedra, hecho que ella ha negado. Con todo, sí ha admitido que conocía que Prado Bugallo ya fue condenado por las mismas empresas, que ahora se vuelven a incluir en este juicio. El interrogatorio de esta testigo policial continúa este miércoles.