La policía española está en pie de guerra contra el gobierno de Pedro Sánchez por las cesiones que, según los sindicatos policiales, está haciendo el gobierno español a Junts en materias de Extranjería, unas competencias que son exclusivas de la Policía Nacional, según ellos. Este martes se han concentrado frente a la delegación del gobierno español, en la calle de Mallorca, acompañados de políticos del Partido Popular y de Vox, para protestar contra estas cesiones que está negociando Junts en Madrid y que, según todo parece indicar, transferiría a los Mossos d'Esquadra el control de la inmigración en Cataluña.
Ahora mismo, sin embargo, hay más dudas que certezas sobre cómo será esta transmisión de unas competencias que actualmente ejecuta en exclusiva la policía española. Lo que no asumirá la policía catalana será el control de las fronteras, que se mantendrá, en materia de personas, en manos de la Policía Nacional, y el control fiscal a la Guardia Civil. Pero sí que el papel de los Mossos en el control de la ley de extranjería, ya dentro del país, es lo que podría cambiar. Actualmente, la policía catalana no tiene ninguna competencia en esta materia y necesita que sea la policía estatal la que asuma el control y también las gestiones administrativas para iniciar procesos de expulsión de personas en situación irregular en Cataluña.
La preocupación por la pérdida de competencias, como también ha pasado con el Seprona de la Guardia Civil, que los últimos años ha ido retirándose por acuerdos políticos y la División de Medio Ambiente de los Mossos ha ido ganando protagonismo, ha puesto a los sindicatos policiales en pie de guerra, que creen que el presidente español Pedro Sánchez cede ante Junts para mantenerse en el Palacio de la Moncloa. Desde el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) se cree que ceder el control de la inmigración a los Mossos, y concretamente el control de las fronteras, es inconstitucional.
En la protesta también ha participado Alejandro Fernández, del PP, que ha asegurado que querer "expulsar la Policía Nacional" de Cataluña es una venganza por la respuesta del 1 de Octubre. El diputado de Vox Sergio Macian, por su parte, también ha defendido que la policía española siga en Cataluña y que tenga el control de la frontera. Durante la concentración, que no ha acumulado más de 50 personas, se ha coreado contra el ministro Marlaska y desde el SUP se ha asegurado que si se acaba firmando esta transferencia del control de las fronteras, como ellos prevén, lo llevarán a la justicia.
"Delegación" y el globo sonda de Parlon
La protección de las fronteras y el control de las personas en situación irregular, defienden, es siempre competencia de las policías estatales y generaría, aseguran, problemas de seguridad nacional y de difícil encaje en el marco europeo. Creen que esta cesión que pide Junts y que el gobierno español está estudiando a cambio del apoyo de los de Míriam Nogueras y Josep Maria Cruset en Madrid repercutiría en el prestigio internacional de la Policía Nacional y defienden que no se puede ceder en temas clave a cambio de tener contentos a los socios y intentar mantenerse, sea como sea, aseguran, en el poder. "Nos quieren echar de Cataluña", rezan los sindicatos policiales.
Sobre la mesa, ahora, un modelo de "delegación", que, desde el Estado, se llegaría a calmar los ánimos policiales y desde Cataluña, y desde Junts, se podría asegurar que se habría conseguido asumir parte de la competencia, aunque de manera compartida con las policías españolas. Ayer, en La 2, la consejera de Interior, Núria Parlon, alineada con el delegado del gobierno español en Cataluña, Carlos Prieto, y el mismo ministro, ya dejó un globo sonda en esta línea. Junts, que mantiene la posición de fuerza, pero, hablar de "delegación integral" y no quiere oír hablar de un "consorcio" de esta competencia con los españoles.
Puertos y aeropuertos, el otro caballo de batalla
Además, los sindicatos de la policía española y las agrupaciones de la Guardia Civil -que no tienen sindicatos, ya que lo tienen prohibido por ley- también ven que el control de la seguridad ciudadana en puertos y aeropuertos, que el Govern catalán podría asumir desde el mes de septiembre, les deja al margen de unas zonas que hasta ahora controlaban. En todo caso, aunque los políticos evitan explicarlo con todas las letras, la situación no cambiará demasiado. La Guardia Civil mantendrá el control fiscal de la frontera tanto en los puertos como en los aeropuertos, y la Policía Nacional el control de entrada y salida de personas.
Los Mossos, cuando sea efectiva la transferencia, que aún se debe firmar en un acuerdo bilateral con el ministerio del Interior, asumirán la investigación criminal, el orden público y la seguridad ciudadana en todo el complejo aeroportuario y de los puertos de todo el país, ejerciendo de policía integral y nacional, tal como detalla el Estatut. Nada diferente de lo que, desde este 3 de febrero, ya han desplegado en el País Vasco la Ertzaintza. Una larga reivindicación del nacionalismo catalán para culminar el despliegue de la policía catalana que, ahora, por las presiones de los partidos independentistas, aunque el Govern y la dirección política de los Mossos no lo querían, parece que se acabará consiguiendo. La consejera Núria Parlon, titular de Interior y Seguridad Pública, ha anunciado recientemente que será el mes de septiembre cuando podrá hacerse efectiva esta entrada de los Mossos en los puertos y aeropuertos.