Miles de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil venidos de toda España se manifiestan hoy en Barcelona para exigir la equiparación salarial con los Mossos y la Ertzaintza, en una protesta en la que cuentan con el apoyo del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y del PP catalán, Xavier García Albiol.
La marcha, en la que los agentes han acudido sin uniforme, ha sido convocado por la Fundación Jusapol, que es crítica con la propuesta planteada por el Gobierno para avanzar en la equiparación salarial, al considerar que esta promesa tiene "mucha letra pequeña y cláusulas abusivas" que podrían comportar una pérdida de sus derechos laborales.
La protesta se ha iniciado en la plaza de Urquinaona de Barcelona y ha empezado a bajar por Via Laietana, encabezada por una pancarta con el lema "Equiparación ya. Justicia salarial", con los agentes y sus familiares portando banderas españolas y de las autonomías, y también catalanas.
Después ha llegado hasta el paseo de Picasso.
Y han acabado haciendo un pilar de tres mientras mostraban la senyera y la bandera española al mismo tiempo.
Inactividad sindical
En declaraciones a los periodistas, el presidente de la Fundación Jusapol, Natán Espinosa, ha asegurado que, tras la manifestación de hoy, el próximo 3 de febrero saldrán a la calle en Sevilla para iniciar un periodo de dos meses llevando su reivindicación a las principales ciudades españolas.
Según Espinosa, la propuesta que ha planteado el Gobierno, que ha prometido impulsar una partida presupuestaria de hasta 1.500 millones de euros en tres años, contiene "mucha letra pequeña y cláusulas abusivas", por lo que exigen una plena equiparación salarial sin perder derechos laborales adquiridos, como días de asuntos propios y la posibilidad de alojarse en casas cuartel.
Jusapol, que nació debido a la "inactividad" de los sindicatos a la hora de lograr la equiparación, según Espinosa, también ha impulsado una moción para pedir esta medida en el Parlamento Europeo y tiene previsto entregar en el Congreso a finales de enero más de medio millón de firmas para impulsar una iniciativa legislativa popular (ILP) para iniciar la tramitación de una ley que regule esta reivindicación.