La Audiencia Nacional ha reanudado este lunes el juicio contra Gonzalo Boye por supuestamente haber ayudado a blanquear dinero de José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, que en el mismo proceso también se le juzga por tráfico de drogas, junto con otras 45 personas. En la sesión, la policía española no ha podido mantener un indicio clave contra el abogado del presidente Carles Puigdemont y los peritos de la defensa han concluido que la investigación contra Boye fue prospectiva, tal como ha denunciado desde buen inicio. Aparte, la mayoría de defensas han cuestionado la validez de las escuchas policiales, hechas en coches y viviendas, y la vista se ha ido tensando, con interrupciones del presidente del tribunal, Alfonso Guevara, que incluso ha expulsado de la sala a los acusados por hablar en exceso.
La causa contra Boye se remonta a febrero del 2017, cuando Manuel González Rubio le encargó recuperar 889.620 euros que le habían sido decomisados en el aeropuerto de Barajas, y que quería llevar a Colombia, tal como hizo su despacho por la vía administrativa.
La Fiscalía, sin embargo, sostiene que este dinero es de Prado Bugallo, y uno de los indicios apuntados es que Prado Bugallo y Manuel Andrés Puentes Saavedra, uno de los otros acusados, se reunió en el despacho de Boye para recuperarlo, entre febrero y abril de 2017.
Ninguna reunión en el despacho
Sin embargo, en la vista de este lunes, uno de los responsables policiales -que ha hecho una contra pericial sobre la aportada por la defensa- ha confirmado que Prado Bugallo no estaba en Madrid, y ha aclarado que solo se puede afirmar que Puentes Saavedra "es posible que estuviera por la zona de influencia, no en el despacho del abogado", según el posicionamiento que indican las antenas de telefonía. Es decir, que se desmonta un indicio clave. La Fiscalía relata esta reunión porque lo declaró el mismo Puentes Saavedra, el cual estaba en la prisión y poco después de inculpar a Boye salió en libertad provisional. Su anterior abogado lo ratificó a Boye en una conversación, que se validó en una sesión anterior de este juicio. Los peritos policiales han añadido que el móvil de González Rubio estaba apagado y, por lo tanto, no pudieron triangular su ubicación.
La pericial de la defensa concluye que los geolocalizadores demuestran que Prado Bugallo estaba en Algeciras, y no en el despacho de Boye, como en este caso admite la misma policía; González Rubio, en Colombia, mientras que Puentes Saavedra estaba en Madrid, pero en ningún momento coincidió en el mismo lugar con Boye.
Un correo electrónico fuera del caso
Paralelamente, en el juicio el perito Luís Enrique Hellín ha evidenciado que la investigación contra Boye excedió y vulneró sus derechos. Ha explicado que se registró su despacho y su casa en octubre de 2019 y la policía hizo copias de su móvil y ordenador por la investigación de blanqueo. Ha detallado, sin embargo, que la policía abrió un correo electrónico de Boye de hace cinco años, del año 2022, sobre Tánger, que era privado y nada tenía que ver sobre la causa de blanqueo, investigación, que se tendría que haber limitado a hechos del 2017. El perito ha expuesto que aquel correo tenía una alerta de seguridad que avisa a su titular cada vez que es abierto, y si no lo hizo él ni Boye, solo lo podía haber realizado la policía, que es la que también tenía conocimiento del correo cuando registró su despacho, a pesar de que se tendría que haber expurgado de su investigación. "Es una conclusión", ha afirmado el perito al ser preguntado por la fiscal de su certeza o pruebas.
¿Manipular las conversaciones?
En la vista, las defensas han requerido a los investigadores policiales el sistema de escuchas y han puesto en duda su cadena de custodia y si se pudiera haber manipulado las conversaciones. Al final, el presidente del tribunal, enfadado, ha ordenado a la letrada de la Administración de Justicia que haga una copia de todo lo que hay en el servidor del tribunal de este caso para evidenciar o descartar posibles manipulaciones, todo y que sin encargar una nueva pericial. "Toda la mañana hemos estado que sospechan de la policía, pero no han presentado ninguna sospecha concreta", ha lanzado el magistrado Guevara.
El juicio contra Boye y los otros acusados continúa esta semana y las dos siguientes, hasta el 27 de febrero. Y pronto será el turno del interrogatorio de los acusados
Inicialmente, la Fiscalía pide para Boye 5 años y 9 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y multa de 2.700.000 euros; mientras que por el delito de continuado de falsificación de documento oficial, la pena de 4 años de prisión, accesoria legal de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de abogado durante el tiempo de la condena y multa de 14 meses con una cuota diaria de 1000 euros.