Las cloacas del Estado han llegado a los tribunales, que están investigando el uso que se hizo de ellas para espiar y perjudicar a Podemos. Es la causa que está abierta en la Audiencia Nacional y que está instruyendo Santiago Pedraz. La formación morada presentó una querella por las presuntas “investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial”, el juez la admitió a trámite, la Audiencia Nacional avaló la investigación y esta semana empiezan las declaraciones de los investigados. Dos de los principales nombres son los responsables de la policía patriótica: Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad con Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior, y Eugenio Pino, exdirector Adjunto Operativo (DAO) de la policía española, que comparecerán este lunes y martes, respectivamente. Entre hoy y mañana también están citados dos antiguos cargos de la policía española: Enrique García Castaño, excomisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), y José Ángel Fuentes Gago, exinspector jefe. Eso sí, cuando aceptó la querella, Santiago Pedraz siguió la postura de la Fiscalía y rechazó investigar a Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior entre 2011 y 2016, Ignacio Cosidó, exdirector general de la policía española, y otros responsables policiales.

¿Qué investiga exactamente el juez? La querella de Podemos, a la que ha tenido acceso ElNacional.cat, señalaba que, bajo el liderazgo de Francisco Martínez, se realizaban “investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal” sobre las personas que formaban parte de Podemos. La formación morada alegaba que el objetivo era filtrarlo posteriormente a los medios de comunicación “bajo el sello de fiabilidad de las fuentes policiales” con la voluntad de “desprestigiar” al partido ante la opinión pública y “atentar contra la indemnidad de sus diputados y cargos públicos”. Concretamente, la querella apuntaba a los delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental. Además, el magistrado desestimó las acusaciones de malversación y de delito contra las instituciones del Estado, ya que consideró que no se pueden relacionar con los hechos relatados.

¿Qué otras causas están en marcha? Actualmente, Francisco Martínez y Eugenio Pino están imputados en dos causas más. Por una parte, en el caso Kitchen, a la espera de fecha para el juicio (en el que deberá comparecer la cúpula del PP de Rajoy como testigo), por la presunta operación de espionaje contra Luis Bárcenas (extesorero del PP) para robarle documentación sobre altos cargos del partido. Por otra parte, en el marco de una presunta trama de extorsión para presionar a Javier Gómez de Liaño cuando era el abogado de Bárcenas, para evitar que se hicieran públicas informaciones sobre la caja B del PP. En cambio, no hay ninguna causa en ningún juzgado por la operación Catalunya.

Francisco Martínez y Eugenio Pino se negaron a dar detalles en el Congreso, escudándose en la investigación judicial

Las declaraciones de Francisco Martínez y Eugenio Pino en la Audiencia Nacional llegan dos semanas después de que ambos comparecieran en la comisión de investigación sobre la operación Catalunya del Congreso de los Diputados. Francisco Martínez aseguró que “no existió una trama parapolicial” y negó los audios de Villarejo: “No me reconozco en ninguna grabación”, afirmó. Por su parte, Eugenio Pino se negó a dar explicaciones sobre la operación Catalunya, aduciendo que asistía a una comisión “política”, pero sí que sostuvo, entre otras cosas, que “policía patriótica es una policía que ama a su país”.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, interrogó directamente a Francisco Martínez sobre el espionaje en Podemos. “¿Quién le dio las órdenes? ¿Quién le dijo que nos investigara ilegalmente? ¿Qué esperaba de nosotros? ¿Quién pensaba que éramos?”, le preguntó. Pero la exmano derecha de Jorge Fernández Díaz echó balones fuera: “Existe en este momento un proceso judicial abierto precisamente por los hechos a los que usted ha hecho referencia. Hechos que, por cierto, niego categóricamente y que, evidentemente, cuando tenga ocasión de hacerlo, también negaré en sede judicial”. Y ahora ha llegado el día de resolver los interrogantes ante Santiago Pedraz. “Por una razón muy elemental de protección de mis derechos de defensa, no contestaré a ninguna de sus preguntas sobre esta cuestión”, añadió hace quince días. Cuando fue el turno de Eugenio Pino, la dinámica fue la misma: “No voy a responder”, fue reiterando a preguntas de los diputados. Aunque a lo largo de la comparecencia fue respondiendo a algunas cuestione y acabó defendiendo su actuación

El juez no investigará al Partido Popular

Podemos también pedía ir contra el Partido Popular, aduciendo que las actuaciones “presuntamente delictivas llevadas a cabo por parte de los querellados” habrían ido “destinadas a beneficiar” al PP. “Una de las finalidades de la organización criminal era, precisamente, la difusión de la información obtenida de forma ilícita con la finalidad igualmente ilegítima de desprestigiar al partido político ante la sociedad y minar su base electoral, a la vez que dificultaban la posibilidad de investidura por las Cortes Generales de un presidente del Gobierno ajeno al partido del que dependen sus puestos (PP) y, por supuesto, beneficiar de forma directa al Partido Popular y a sus expectativas de conformación de gobierno”, relataba la querella, consultada por este medio.

Ahora bien, Santiago Pedraz rechazó ampliar la causa al Partido Popular, argumentando que, “a falta de otros indicios”, no basta con decir que “las actividades presuntamente delictivas pretendían comportar un correlativo beneficio para esta formación política” esgrimiendo que en los hechos objeto de la querella participaron altos cargos institucionales del PP. Asimismo, rechazó ampliar la investigación al periodista Eduardo Inda, alegando que en el relato de los hechos no aparece que los medios de comunicación “participaran en la difusión de noticias falsas sabiendo que lo eran”. Por este motivo, Pedraz entiende que su actividad está “amparada por el secreto profesional y por el derecho de los profesionales de los medios de comunicación a recibir y difundir información”.

Ningún juzgado ha aceptado investigar la operación Catalunya

Lo que la justicia española no investiga de ningún modo es la operación Catalunya y las maniobras de la policía patriótica contra el independentismo, a pesar de la nueva documentación que ha aparecido en los últimos meses y de los papeles de la operación Catalunya descubiertos por ElNacional.cat. De momento, todas las querellas han sido archivadas, como las que presentaron Sandro Rosell o Jaume Giró.

En el caso del expresidente del Barça, que estuvo 21 meses en prisión preventiva, el tribunal sostuvo que la investigación que solicitaban sus abogados estaba “basada en noticias de prensa” y era “prospectiva” y consideró que la declaración del comisario jubilado José Manuel Villarejo, admitiendo que se aprobó la investigación a Rosell, no tenía valor, porque Villarejo “no es un testigo objetivo e imparcial”.

Con respecto al exconseller de Economia i Hisenda, tanto el juzgado de instrucción número 11 de Madrid como la Audiencia de Madrid desestimaron la querella contra el excomisario José Manuel Villarejo, el exministro Jorge Fernández Díaz, la ex mano derecha del ministro, Francisco Martínez, y la exministra y exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal. Su abogado, Jordi Pina, defendía que había pruebas y audios para investigar este espionaje político y acusarlos de formar parte de un grupo criminal y de malversación de fondos, pero la justicia esgrimió que los indicios se fundamentaban en “suposiciones” y que los delitos habrían prescrito hace una década.