Nuevo caso de corrupción en feudo socialista. La policía española está registrando, desde las nueve de la mañana, el Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat por supuestos contratos irregulares. Esta actuación estaría vinculada con el caso de corrupción del Consell Esportiu del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat, donde la alcaldesa socialista Núria Marín también está investigada, acusada de haberlo permitido. La investigación de Cornellà está bajo secreto de sumario y podría haber detenciones de responsables del consistorio, dirigido por el alcalde Antonio Balmón (PSC). Las primeras investigaciones indican que la jueza de L'Hospitalet, que investiga el caso principal, habría derivado la información con indicios irregulares a un juzgado de Cornellà, que es el que hoy ha ordenado los registros.
En concreto, el titular del juzgado de instrucción 2 de Cornellà de Llobregat ha ordenado dos entradas y registros en Cornellà y en Sant Feliu de Llobregat, donde está la sede del Consell Esportiu del Baix Llobregat, que ejecuta la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional española. La causa, declarada secreta, se ha abierto por los delitos de prevaricación, malversación de fondos y fraude en administración pública, según informa el gabinete de prensa del TSJC. El TSJC confirma que este procedimiento está relacionado con el caso de Consell Esportiu de L'Hospitalet, y el juzgado de L'Hospitalet derivó la causa al de Cornellà.
Según las actuaciones policiales llevadas a cabo, se ha descubierto que este ente deportivo de L'Hospitalet firmó un contrato para gestionar arbitrajes con el Ayuntamiento de Cornellà habiendo falsificado una acta de su comisión directiva, tal como detalla Efe. Según fuentes de la UDEF, la investigación se centra en un aval de 12.000 euros del Ayuntamiento de Cornellà del 2018 con el Consell Esportiu de L'Hospitalet para pagar los árbitros de los campeonatos deportivos escolares.
La policía española, delante del ayuntamiento de Cornellà: Cedida
L'Hospitalet
En el caso de L'Hospitalet de Llobregat, los tres principales investigados por malversación de fondos y falsificación documental en el Consell Esportiu de la ciudad volvieron a declarar el diciembre pasado ante la titular del juzgado de instrucción 2 de L'Hospitalet. Son: el exconcejal del PSC y expresidente del consejo Cristóbal Plaza; el segundo teniente de alcalde, Cristian Alcázar, y el actual director del consejo, Eduard Galí. El juzgado también tiene las actas y documentación sobre la subvención directa que el Ayuntamiento concedió al Consell el año 2018. Plaza dimitió cuando se hizo público que cobró una indemnización de 47.147 euros al ser despedido del Consell Esportiu, cuando en realidad su marcha ya había sido acordada con anterioridad.
La interventora del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat, Maria Petra Saiz, también declaró el diciembre pasado como investigada en el caso del supuesto desvío de fondos públicos en el Consell Esportiu de la ciudad. También lo hicieron cuatro personas más, que eran miembros de diferentes comisiones del consejo. En una larga declaración, Saiz aseguró que todo era correcto y que no había irregularidades en las subvenciones concedidas desde el consistorio al Consell Esportiu de L'Hospitalet, según fuentes judiciales. La alcaldesa de L'Hospitalet, la socialista Núria Marín, declaró como investigada el abril pasado y todavía se espera que la policía española entregue el análisis de su móvil para ver si ella era conocedora de estas irregularidades en el consejo y ayudó a encubrirlas. El juzgado de instrucción 2 de L'Hospitalet ya hace semanas que devolvió el aparato a la alcaldesa.