La Audiencia Nacional ha iniciado una investigación contra Gonzalo Boye, conocido por ser el abogado de Carles Puigdemont y Quim Torra. Según fuentes judiciales, la jueza instructora María Tardón lo ha imputado por un presunto delito de blanqueo de capitales y lo ha citado a declarar este miércoles, 23 de octubre, a las doce del mediodía, junto con dos personas más. En primer lugar, la policía española ha registrado su domicilio, en Villaviciosa de Odón, en las afueras de Madrid. Después se han desplazado hasta su despacho de abogados, en la misma capital española, que también han registrado.

La policía española ha empezado a registrar desde primera hora de este lunes el domicilio en Madrid del abogado Gonzalo Boye y dos propiedades más también en esta región de dos presuntos testaferros en el marco de una investigación por blanqueo de capitales ligado al narcotráfico, según han informado fuentes policiales. Boye fue abogado de Sito Miñanco, importante narcotraficante gallego.

Según estas fuentes, Gonzalo Boye ha estado presente en el registro en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional que es secreta. En los otros dos registros han estado presentes estos dos presuntos testaferros.

Agentes de la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, han estado al frente de esta operación. No obstante, la investigación y los registros no tienen nada que ver con la defensa jurídica que presta a Gonzalo Boye al president en el exilio Carles Puigdemont.

Esta operación se produce cuando faltan ocho días para que el president Carles Puigdemont comparezca ante la justicia belga en el primero de los trámites de la nueva euroorden cursada por el juez Pablo Llarena en la que vuelve a pedir la extradición inmediata. Boye es su abogado.

La jueza que lo ha ordenado

Ha sido la jueza María Tardón quien ha ordenado investigar al abogado de Carles Puigdemont y Quim Torra por una presunta operación de blanqueo de capitales. Tardón ocupó el año pasado la vacante dejada por Carmen Lamela, la magistrada que inició la causa contra los dirigentes independentistas en el tribunal de excepción. Pero no solo eso: también ha utilizado la puerta giratoria entre la política y el poder judicial.

En medio de una dilatada carrera judicial, María Tardón Olmos decidió probar suerte en la política. Fue como independiente a las listas del PP en el Ayuntamiento de Madrid el año 1999. No solo fue escogida, sino que ocupó la tercera tenencia de alcaldía y fue la responsable de las áreas de Policía Municipal, Protección Civil y Atención Social. El alcalde era José María Álvarez del Manzano. Al cabo de cuatro años, volvió a la carrera judicial sin muchos obstáculos.