Policías investigados por dar porrazos y denigrar a votantes el 1-O del 2017 y activistas y ciudadanos, acusados de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad en diferentes manifestaciones en Catalunya, se pueden convertir en los primeros beneficiados de la ley de amnistía, que el Congreso de los Diputados aprobará de forma definitiva este jueves. ¿Por qué? Porque sus causas son relativamente sencillas y están sobre la mesa de jueces y tribunales menos o nada politizados, de los cuales no se duda que cumplirán la norma sin pegas y dictarán el archivo de los procedimientos. Por el contrario, todo el mundo prevé que los magistrados del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional invertirán todo su esfuerzo e ingenio que la ley del olvido penal se aplique lo más tarde posible al president en el exilio, Carles Puigdemont, y a los principales líderes políticos por impulsar el Referéndum de Autodeterminación de Catalunya. No obstante, las órdenes de detención en el Estado español "tienen que alzarse de forma "inmediata", como el resto de medidas cautelares, según ordena la norma. A pesar de que siempre hace falta la resolución de un juez o tribunal. En el caso de las detenciones por el Procés, del juez Pablo Llarena.
Hay que dejar claro que la ley no entrará en vigor hasta que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE); y todo el mundo apuesta que será día siguiente mismo de la aprobación en el Congreso, el día 31 de mayo. También se tiene que recordar que la amnistía de todo acto con responsabilidad penal, administrativa o contable solo será efectiva cuando haya una resolución firme del juez o tribunal competente. Así que a partir de este viernes puede haber una avalancha de peticiones a los jueces y tribunales que llevan causas del Procés para que decreten su archivo definitivo, con la extinción de toda responsabilidad. Ha sido una persecución constante al independentismo catalán, pero, actualmente, no se tendrá que sacar a ningún activista de la prisión por el 1-O, a pesar de que hay condenados. Ha faltado muy poco.
Número de amnistiados
La Fiscalía General del Estado (FGE) hace tiempo que pidió a todas las fiscalías territoriales, especialmente a la de Barcelona, todos los casos que podrían ser amnistiables, y dará una cifra concreta una vez la ley entre en vigor, según fuentes del ministerio fiscal. Òmnium Cultural cifró en más de 4.000 a las personas represaliadas por el Gobierno en el procés de independencia de Catalunya, cifra que no implica procesos penales abiertos para todos, sino su investigación o señalamiento. Alerta Solidaria, que lleva la defensa de gran parte de los manifestantes, informaba el noviembre pasado que unos 1.133 activistas y manifestantes habían sufrido procesos judiciales, y descontando las absoluciones, unas 438 personas tienen que ser amnistiables porque los supuestos por los cuales se les acusa o condena se incluyen en la ley. Y de policías amnistiables podrían llegar al centenar, incluidos agentes de los Mossos de Esquadra.
Los agentes de la policía española serán de los primeros amnistiados
Así, los agentes de la policía española y de la Guardia Civil investigados por dar golpes a votantes del referéndum son de los primeros que se les extinguirá su responsabilidad criminal. Este es el caso de los 46 agentes de la policía española procesados por delitos de lesiones leves y contra la integridad moral a votantes de Barcelona. La Audiencia de Barcelona validó la instrucción hecha por el titular del juzgado de instrucción 7, Francesc Miralles, y el febrero pasado los dejó a un paso de juicio. La causa, sin embargo, ha vuelto al juzgado de instrucción para unas identificaciones y lo más probable es que el magistrado Miralles, que ha realizado una laboriosa y detallada investigación de lo que pasó en 27 escuelas o centros de votación de Barcelona, sea quien dará carpetazo a la causa por que la ley de amnistía ampara "acciones realizadas en el curso de actuaciones policiales dirigidas a dificultar o impedir la realización de los actos recogidos en el artículo 1", que son los relacionados con la consulta del 9-N y del procés, entre el 1 de noviembre de 2011 al 13 de noviembre de 2023.
Las acusaciones populares de Irídia, Òmnium Cultural y la ANC han sido clave también en la instrucción contra los policías españoles, mientras que la Fiscalía no veía delito, como las defensas de los policías, que ha intentado imputar a los ciudadanos y votantes que hicieron una resistencia pacífica en las escuelas el 1 de octubre de 2017. Además, en la mayoría de los casos las lesiones imputadas están prescritas porque son leves. Aparte de Barcelona, también hay agentes de la policía y de la Guardia Civil investigados en Tarragona y Girona, en que tendrán la misma suerte. Las entidades que ejercen la acusación contra los policías podrán presentar recursos contra su amnistía a la Audiencia de Barcelona o a la que corresponga.
El caso de Roger Español, la excepción
Bien diferente es el caso de Roger Español, que perdió el ojo derecho por el impacto de una bala de goma disparada por un escopetero de la policía española el 1-O. El septiembre pasado, la Audiencia de Barcelona dio la razón a la ANC, Irídia y Òmnium, y desestimó los recursos de la Abogacía del Estado, y cuatro agentes de la policía española son a un paso de ser juzgados por herir gravemente el activista, y un quinto agente, y el jefe de la unidad, por haber pegado a ciudadanos que hacían "resistencia pasiva" en la escuela Ramon Llull de Barcelona. Actualmente, la sección 2.ª de la Audiencia de Barcelona tiene todos los informes de la investigación, que también hizo el titular del juzgado de instrucción 7 de Barcelona. Las acusaciones tienen que presentar las penas que piden para los policías, y las defensas, su propuesta. Inicialmente, este caso no se puede amnistiar porque se produjo una herida grave y en el juicio se tiene que resolver si el disparo se hizo con dolo o fue imprudente.
La ley deja claro que quedan excluidos de ser amnistiados "los actos dolosos contra las personas que hubieran producido un resultado de muerte, abortos o lesiones en el feto, la pérdida o la inutilidad de un miembro, la pérdida o inutilidad de un sentido o una grave deformidad". En concreto, los policías enviados a juicio son el escopetero que hirió a Español; un inspector, un oficial y un subinspector que conformaban la cadena de mando del escopetero y otro oficial por lesiones a votantes.
Por otra parte, hay una causa abierta contra 13 agentes de la policía española que participaron en la detención de Paula Garcia, el 19 de octubre de 2019, durante la protesta contra la sentencia del Supremo a los líderes independentistas, acusados de maltrato a esta joven. Paula fue detenida y estuvo diez días privada de libertad en la prisión de Wad-Ras, acusada de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad. También están denunciados los agentes de la policía española que detuvieron Guillem, el chico de la sudadera naranja y menor de edad, del cual se hizo viral su detención en la Via Laietana porque los agentes se le tiraron encima de él; y al final él fue absuelto por un juez de Menores. Los sindicatos policiales han asegurado que no pedirán el beneficio de la amnistía. Los jueces la pueden aplicar de oficio y en un plazo de dos meses, fija la norma.
Xènia, Paula, Sas y muchos jóvenes más
En la otra cara de la moneda hay los activistas y manifestantes -la mayoría muy jóvenes, que iban a su primera protesta- que han sido detenidos, encarcelados y en algunos casos condenados por protestar contra la represión y la sentencia del Supremo. Para ellos, también ha de ser fácil la aplicación de la amnistía. De las protestas contra la sentencia del Procés, una veintena de jóvenes de todo Catalunya fueron enviados a prisión preventiva. Una de ellas es Paula, a quien la Fiscalía pide 2 años de prisión por desórdenes y todavía no tiene fecha de juicio; o Xènia, que también fue a la prisión y la Audiencia de Barcelona aplazó su juicio hasta el 2025, con una petición de 2 años de prisión.
Hay otros jóvenes pendientes de juicio, de los cuales Alerta Solidaria ha conseguido que los tribunales suspendan el juicio y, aprobada la ley, decreten de oficio su sobreseimiento. El caso más reciente es el de David y Àlvaro, a quien la Fiscalía les pedía 9 años y medio de prisión. Está también el caso de Dani Gallardo, en busca y captura para que cumpla la condena de más de 4 años de prisión por atentado a un agente en una manifestación en Madrid a favor de los presos políticos catalanes. O, también, Adrian Sas, a quien el Tribunal Supremo le ha denegado la absolución o rebaja de su condena. Hay casos graves pendientes, como la condena de 7 años y medio de prisión a Oleksander, por|para unas lesiones auditivas a dos agentes de la policía española, que ahora tiene que revisar la sala de apelaciones del TSJC.
También habrá que ver cómo interpretan los tribunales los casos de condenas o imputaciones por delitos de odio por ideología, desde españolistas a independentistas, como los vecinos acusados de denigrar en las redes sociales a los padres que consiguieron el 25% de castellano en Malgrat de Mar. El caso más difícil con respecto a los activistas, son los 12 CDR acusados de terrorismo en la operación Judas, y a los cuales la Fiscalía les pide elevadas penas de prisión. La Audiencia Nacional tenía que celebrar una vista previa antes del juicio. En su caso, como en los 12 investigados de Tsunami Democràtic, el tribunal tendrá que interpretar si se les puede aplicar o no la amnistía porque son acusados de terrorismo. Las defensas aseguran que sí porque no son acusados de causar víctimas mortales ni lesiones de gravedad, como marca la excepción a no ser amnistiados, de la nueva ley.
