El jefe de la Brigada Provincial de Información y el responsable del operativo policial del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) han declarado este lunes en la Ciutat de la Justícia como investigados por un presunto delito de coacciones por la actuación policial del 20-S delante la sede de la CUP.

Según ha explicado el abogado de los anticapitalistas, Benet Salellas, los policías investigados han justificado el dispositivo en el exterior de la sede durante seis horas porque estaban a la espera de una orden de entrada y registro para requisar material propagandístico que habían pedido mediante la fiscalía al juzgado pero que nunca llegó. Los investigados han dicho que se retiró el dispositivo policial al no recibir la autorización por parte del juzgado, según ha explicado Salellas, que también ha apuntado que los policías han argumentado que fueron ellos los "coaccionados a la hora de desarrollar las funciones policiales correspondientes".

ACN

Salellas ha explicado que los policías investigados han dicho en la declaración que durante aquellos días estaban haciendo dispositivos de vigilancia sobre actos de difusión del referéndum del 1-O y que dieron la alerta de que en la sede de la CUP se estaban descargando carteles. Aquel hecho hizo que solicitaran una orden de entrada y registro, para lo cual organizaron el dispositivo, aunque esta no llegó.

El abogado de la CUP ha apuntado que los policías "no han sabido dar explicación de por qué prefirieron sacrificar seis horas de libertad de movimiento" en el exterior de la sede del partido y "por qué optaron por aquella situación drástica". Además, Salellas ha apuntado que el dispositivo policial "no respondía a la voluntad de hacer justicia, sino de provocar en un día sensible". Sobre la razón por la cual la orden para entrar y registrar la sede no llegó, Salellas ha argumentado que es "una muestra que cuando el sistema penal hace cosas que no le corresponden, se desborda". "Tramitar una orden es extremadamente sencillo", ha indicado.

La Audiencia de Barcelona ordenó reabrir la investigación sobre la actuación policial del 20-S delante de la sede de la CUP el pasado mas de enero, después de que en febrero del 2018 un juez archivara la denuncia que había interpuesto el partido al considerar que los agentes actuaron "en cumplimiento estricto" de las órdenes de la fiscalía y que "se limitaron a intervenir el material propagandístico" que había "fuera del edificio". Es por este motivo que se trata de la primera declaración que se ha hecho sobre los hechos.

La CUP denuncia una "estrategia de estado" para "justificar" la actuación

El exdiputado de la CUP David Fernàndez, que era uno de los testimonios llevados por el partido, ha denunciado que hay una "estrategia de Estado" que quiere "banalizar, minimizar e, incluso, justificar" la actuación policial del 20-S delante la sede del partido. "La sede estuvo asediada con hostilidad policial durante prácticamente ocho horas", ha apuntado Fernàndez, que ha insistido en que los policías "vulneraron derechos" y ejercieron una "coacción continuada".

Fernàndez ha señalado que durante las horas que duró el dispositivo policial en la puerta de la sede se vivió una "absoluta y demencial inseguridad jurídica" y ha criticado que se haya tardado 523 días en hacer la primera declaración sobre los hechos. El exdiputado de la CUP ha afirmado que el 20-S fue una "provocación policial" y que "afortunadamente la inteligencia colectiva construyó un muro humano" para evitar que la policía entrara en la sede.