Policías y guardias civiles han estallado contra Fernando Grande-Marlaska por el acuerdo sobre inmigración con Junts, y han asegurado que se trata de una "cesión ilegal" de competencias y de un "ataque frontal al estado de derecho". Es por eso que asociaciones de los dos cuerpos han exigido la dimisión del ministro del Interior, que este martes ha suspendido su agenda por un problema de salud. Las diferentes asociaciones han insistido en la idea de que la cesión supone una "vulneración flagrante de la Constitución" y un "mercadeo político", ya que las competencias migratorias son exclusivas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El sindicato mayoritario de la policía española, Justicia Policial (Jupol), ha expresado su rechazo y su "profunda indignación ante el vergonzoso acuerdo" y ha exigido la dimisión de Marlaska. En un comunicado, el sindicato ha considerado "inaceptable" que el Gobierno siga "regalando" competencias "a cambio de favores políticos". "Este ejecutivo ha decidido traicionar los servidores públicos y ceder ante los chantajes de los independentistas, poniendo en grave peligro la seguridad y la soberanía nacional", ha criticado. También ha considerado que el acuerdo responde a "una estrategia planificada para desmantelar la presencia de este cuerpo de seguridad del Estado en Catalunya" y que es una "rendición vergonzosa ante el separatismo", asegurando que estudiarán todas las vías legales para frenar la cesión.
Golpe "mortal" contra la policía
Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha avisado de que "plantarán cara al Gobierno para impedir que lleve a cabo la escandalosa e ilegal transferencia de competencias a favor de los Mossos d'Esquadra". "No se cederá ni un milímetro en la defensa de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, vivan donde vivan y voten a quien voten", ha expresado. Y ha añadido: "Si hay que hacer sentarse al banco estos líderes políticos para salvaguardar un derecho tan esencial como el de la seguridad pública, lo haremos; estamos decididos a llevar este punto hasta el final. [...] Esta propuesta independentista al Gobierno es totalmente inadmisible, por su incongruencia jurídica, por el riesgo que supondría a la seguridad nacional y por la falta de encaje en el espacio común europeo".
La Confederación Española de Policía (CEP) ha denunciado que el acuerdo supone "un golpe mortal" a los objetivos de la policía a Catalunya, motivo por el cual ha insistido en reclamar la dimisión de Marlaska para ceder al "chantaje competencial que los independentistas catalanes imponen en todas sus negociaciones". Y desde la Unión Federal de Policía (UFP) han señalado que esta "cesión ilegal" supone un "ninguneo" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la vez que han criticado que es un "atropello legal, funcional y operativo sin precedentes" y que el ejecutivo "ha traspasado de nuevo los límites" para tener contentos sus socios independentistas.
Desmantelar el Estado en Catalunya
Por parte del Instituto Armado, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha tildado de "mercadeo político" la cesión de competencias y ha advertido que la medida "choca frontalmente" contra el marco legal vigente. "La seguridad no puede ser moneda de cambio en pactos políticos ni puede ponerse en riesgo la unidad de acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en un ámbito tan sensible como la inmigración," han apuntado, antes de añadir: "Recordamos que el control de fronteras, la gestión de los flujos migratorios y la lucha contra la inmigración irregular son funciones esenciales del Estado que no puedan ser objeto de mercadeo político".
La asociación de suboficiales de la Guardia Civil (Asesgc) ha lamentado que se trata de un paso más en el desmantelamiento del Estado en Catalunya y ha advertido que asistirán a los tribunales para defender las competencias. Finalmente, la Asociación PRO Guardia Civil (Aprogc) ha manifestado su preocupación ante la posibilidad de que el control de las fronteras españolas sea cedido, porque es una cuestión de seguridad nacional y un pilar fundamental en la lucha contra el crimen organizado.
La reacción de los Mossos
En Catalunya, los sindicatos de Mossos SAP-Fepol y SME-Fepol han celebrado el acuerdo, aunque han pedido más concreciones sobre su alcance. Las dos organizaciones de la policía catalana han indicado que "hay que hacer una previsión y una planificación estricta y con esmero sobre la asunción de estas nuevas competencias", a la vez que han pedido que la cesión de competencias sea "gradual", realista y que venga acompañada de un plan estratégico.
Finalmente, en el caso de los funcionarios españoles, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado "máxima transparencia" en la cesión de competencias. El sindicato ha explicado que el acuerdo "supone un cambio significativo en la gestión de los trámites de extranjería" a Catalunya y ha alertado de la incertidumbre que ha generado entre los trabajadores afectados, de manera que también ha exigido que se garanticen "los derechos y las garantías de la plantilla, su seguridad jurídica, sus condiciones laborales y la posibilidad de movilidad con otras administraciones".