Policías y guardias civiles se han sublevado contra la reforma de la ley mordaza que prepara el Gobierno del PSOE y Podemos, que afecta a unos 7 puntos, y han anunciado movilizaciones en señal de protesta.
La reforma de la ley ha puesto de acuerdo todos los sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil, que se concentrarán en una manifestación en Madrid el próximo 27 de noviembre. La protesta tiene el apoyo de la AUGC (Asociación Unificada de la Guardia Civil), el SUP (Sindicato Unificado de Policía) y también la JUPOL, entre otros. Precisamente, el secretario general de JUPOL, Aarón Rivero, se ha reunido hoy con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para expresar su malestar con la reforma de la ley.
Para Rivero, la reforma de esta ley supone "un ataque frontal a las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado y la eliminación por completo del principio de autoridad que tiene que regir los cuerpos policiales de cualquier estado democrático". El dirigente sindical policial ha añadido que la eliminación de esta ley "no hace nada más que poner en los pies de los caballos a los agentes de la autoridad, poniendo en riesgo la integridad física, la de sus familias y la del resto de los ciudadanos en beneficio únicamente de los manifestantes violentos y de los delincuentes".
El PSOE y Unidas Podemos han registrado enmiendas a la propuesta de derogación registrada por el PNV, que es la que servirá de base para los trabajos. Con respecto a la garantía del derecho de manifestación, las enmiendas registradas corrigen todo lo que tiene que ver con la comunicación previa. "La falta del trámite previo de comunicación, aunque se pueda considerar infracción leve, no será motivo para impedir el ejercicio de las libertades de reunión y manifestación", señala el texto propuesto. De hecho, se contempla que "la falta de comunicación previa" no será considerada infracción cuando el ejercicio del derecho "requiera una rápida expresión ante un acontecimiento de indudable repercusión social que no admita demora". Fuentes del ejecutivo ponen el ejemplo de manifestaciones como las de protesta contra la sentencia de la Manada.
De la misma manera, se pone el foco en la actuación proporcional de los cuerpos policiales en estas concentraciones: "Las medidas para el mantenimiento o el restablecimiento de la seguridad ciudadana en reuniones y manifestaciones se guiarán en todo momento por un enfoque de derechos humanos", sin más concreción. Las manifestaciones sólo serán sancionables "si provocan violencia o alteración del orden público".
Identificación de personas
Otro aspecto cerrado entre el PSOE y Unidas Podemos lo que tiene que ver con registros corporales externos e identificación de ciudadanos. Estos registros se podrán practicar cuando haya "indicios fundamentados racional y objetivamente". Se llevarán a cabo sin dejar a la vista la totalidad del cuerpo, "con el máximo con respecto a la identidad sexual" y "procurando hacerlo siempre en lugar reservado y fuera de la vista de terceros". "El agente tendrá que dejar constancia de esta diligencia", así como las causas y la identidad del mismo agente. Se podrán realizar contra la voluntad del afectado "adoptando las medidas de compulsión necesarias".
Con respecto a las identificaciones, el texto conjunto del PSOE y Podemos establece que, cuando no fuera posible la identificación por cualquier otro medio, los agentes, para impedir la comisión de un delito o con el objetivo de sancionar una infracción, podrán requerir que los acompañen a las dependencias policiales "más próximas" con el único efecto de su identificación "por el tiempo estrictamente necesario". En este sentido, se señala que "en ningún caso podrá superar las dos horas". Sólo de forma excepcional, "por razones justificadas, verificables y comunicadas a la persona afectada", este plazo se podrá prorrogar hasta un máximo de seis horas.
Los dos socios del Gobierno también quieren introducir cambios en la cuantía económica de las multas, reduciendo las multas que son "excesivas" y dejando claro que se tienen que aplicar siempre "criterios de proporcionalidad". Así, en el apartado de "graduación de las sanciones", se introducen dos nuevas variables: la capacidad económica del infractor y la minoría de edad del infractor. Según el texto, se tendrá en cuenta "la singularidad del supuesto de hecho", "pudiendo dar lugar a la suspensión de la sanción o a su reducción, a la conciliación de la persona autora con las personas ofendidas y a la actividad reparadora, en especial en aquellos supuestos en que el infractor sea menor de edad". De esta manera, según explican fuentes del ejecutivo central, "se eliminaría la limitación actual para poder sustituir las sanciones a menores por trabajo social o comunitario, ahora limitada a una sola vez".