Ya hay los primeros policías españoles que agredieron a votantes el 1-O que piden ser amnistiados, aunque los sindicatos negaron que lo harían. 9 de los 51 agentes procesados por pegar y vejar a votantes en centros de Barcelona han pedido ser amnistiados en el juzgado este miércoles, al día siguiente que la ley de amnistía del Procés entrara en vigor. El titular del juzgado de instrucción 7 de Barcelona, Francesc Miralles, es quien tendrá que decidir si aplica la norma del olvido penal del Procés a los agentes, de los cuales su defensa insiste en que no cometieron ningún delito. La mayoría de peticiones de amnistía son de políticos y de activistas independentistas, que ya han pedido a diferentes juzgados y tribunales que su persecución penal y contable quede archivada, justo horas después de que la norma se publicara en el BOE.
El magistrado Francesc Miralles dejó a un paso de juicio los 51 policías en dos causas: en la primera hay 46 agentes investigados por haber agredido a ciudadanos en una veintena de escuelas, y donde se incluyen estos 9 agentes que quieren la amnistía, y en la segunda hay 4 agentes acusados de haber reventado el ojo derecho a Roger Español con una pelota de goma, y un quinto por dar porrazos a votantes en la escuela Ramon Llull. Este caso está en la sección 2.ª de la Audiencia de Barcelona, que es a quien resolverá si aplica la amnistía. Por ahora, la Fiscalía ya ha pedido al tribunal que no se tienen que juzgar los agentes porque" cumplieron su deber", pero que sí se tiene que juzgar a Español por tirarles una valla. Irídia, que lleva la acusación de ciudadanos y también la acusación popular, ya ha expresado que no se puede amnistiar a los policías del 1-O.
Los agentes actuaron en 6 centros
En concreto, los 9 agentes de la policía española, que ahora piden la extinción de la responsabilidad criminal, actuaron en seis centros: 4 en el IES Pau Claris, uno en la escuela Prosperidad, uno en el CEIP Ágora, uno en la escuela Dolors Monserdà, uno en la escuela Infant Jesús, uno en la escuela Mediterránea. En esta última escuela, el magistrado Miralles, que ha detallado las actuaciones policiales centro por centro, certificó que "había numerosos heridos" por la actuación violenta de los agentes e incluso que pegaron con la porra en la cabeza.
Sin embargo, la mayoría de las lesiones son leves, y si no se hubiera aprobado la amnistía, estarían prescritas. Está previsto que las acusaciones populares de Irídia, Òmnium Cultural y la ANC presenten recurso en contra que los agentes sean amnistiados, y lo tendrá que resolver la Audiencia de Barcelona.
Ningún delito ni acto degradante
En el escrito presentado al juzgado, el abogado de los policías, Javier Aranda, sostiene que los agentes tienen que ser amnistiados porque su actuación fue legal y ninguno de ellos ocasionó "actos de tortura y tratos inhumanos o degradantes", actuación que la ley de amnistía excluye para poder obtener el archivo de una causa penal.
Por si alguna de las acusaciones se opone a que los agentes sean amnistiados, el letrado añade, que además la ley precisa que "no serán excluidos de la amnistía "aquellos tratos que no superen un mínimo de gravedad por no resultar idóneos para humillar o degradar a una persona, o mostrar una dominación a su dignidad humana o para provocar miedo, angustia e inferioridad, de una forma de romper su resistencia moral y física".
El abogado reitera que los policías españoles no cometieron ningún delito, y que no hay ningún impedimento a fin de que sean amnistiados. Detalla que pide que sean amnistiados para "aliviar la situación procesal" de los policias, de los cuales asegura que "incluso fueron investigados, por meras fotografías, sin acreditar su autoría, o por una aplicación del uso de la fuerza en su mínima expresión, de más que dudosa ilicitud, ya no penal sino incluso administrativa".
Finalmente, el letrado también recuerda, que en el preámbulo la ley de amnistía no se reprueba a los agentes de policía por su actuación el 1-O, sino que se afirma que actuaron bajo el mandato de una magistrada del TSJC para intentar detener el Referéndum de Autodeterminación de Catalunya, suspendido y, después, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.