El Tribunal Constitucional de Polonia ha realizado un nuevo desafío a la Unión Europea, y ha declarado inconstitucional el artículo de la Convención Europea de Derechos Humanos que garantiza el derecho a un juicio justo. El Constitucional polaco ha mantenido el criterio, ya usado en otras causas, de que el derecho polaco prevalece sobre el comunitario, lo que contradice los tratados de la UE.
Según informa la prensa local, el TC polaco ha dictaminado este miércoles que el derecho a un juicio justo es incompatible con la Constitución del país en tanto que permite al Tribunal Europeo de Derechos Humanos examinar la legalidad del proceso de selección de jueces en el Tribunal Constitucional. Con esta sentencia, el TC polaco rechaza una condena del TEDH de Estrasburgo por haber vulnerado el derecho de una compañía a acceder a un "tribunal establecido por la ley". El fiscal general de Polonia quiso impugnar esta sentencia y preguntó al TC sobre la constitucionalidad de la convención.
El 7 de mayo el TEDH dictaminó en el caso Xero Flor contra Polonia que se había vulnerado el derecho a un juicio justo de una empresa que reclamaba al estado polaco una compensación por uno de sus productos. Insatisfecha con la desestimación de su caso por parte del Tribunal Constitucional, la compañía apeló en última instancia a Estrasburgo. Los magistrados del TEDH concluyeron que Polonia había violado su derecho a un juicio justo, en concreto la disposición del Convenio Europeo de Derechos Humanos que garantiza el derecho a ser juzgado por el tribunal establecido por la ley.
Estrasburgo consideró que uno de los jueces del TC polaco se había nombrado de forma "irregular" y que, por lo tanto, este órgano no era "el tribunal establecido por la ley". Con esta decisión, el TEDH estaba cuestionando la legitimidad del TC polaco a raíz del cambio en el proceso de selección de jueces impulsado por el gobierno ultraconservador del partido Ley y Justicia.
Demanda del Europarlamento
Todo eso ha pasado cuando la Eurocámara presentó en octubre una demanda contra la Comisión Europea por no aplicar el mecanismo que permite cortar los fondos europeos ante las vulneraciones del estado de derecho, como son los casos de Polonia y Hungría. Los servicios legales del Parlamento presentaron la denuncia delante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea después de que el presidente de la cámara, David Sassoli, lo pidiera.
La cuestión aquí está en que la regulación sobre el mecanismo que permite restringir la financiación comunitaria a los estados cuando sus deficiencias democráticas ponen en riesgo el presupuesto de la Unión Europea se aprobó en diciembre, pero la Comisión Europea todavía no lo ha utilizado. Si bien este mecanismo no está dirigido a ningún país en concreto, Polonia y Hungría son los dos estados europeos que tienen abierto ahora un procedimiento sancionador por poner en riesgo el estado de derecho y los derechos humanos.