El margen de maniobra que el Tribunal Constitucional deja al Parlament de Catalunya es cada vez más estrecho y entorpece las ya de por si difíciles relaciones entre independentistas. En sucesivos y reiterados requerimientos, el alto tribunal ha advertido a los miembros de la Mesa que tienen la obligación de paralizar cualquier iniciativa que se parezca a otras anteriormente suspendidas, concretamente con todo aquello relacionado con la autodeterminación, la monarquía o la soberanía. Tres conceptos que aparecen en la propuesta de resolución conjunta de respuesta a la sentencia aprobada este martes por la tarde con los votos favorables de JxCat, ERC y la CUP, la abstención de los comunes y el voto en contra del PSC y el PP. El texto rechaza las condenas y exige la libertad de los presos y el retorno de los exiliados.
Los tres grupos impulsores han tenido que hacer filigranas para driblar el veto que el TC puso a su iniciativa parlamentaria el pasado 5 de noviembre. Aquel día anuló el apartado donde se afirmaba que los diputados "reiteran y reiterarán tantas veces como lo quieran la reprobación de la monarquía, la defensa de la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía". Era el punto 11 del documento. Para tratar de salvar la esencia, JxCat, ERC y CUP han presentado una serie de enmiendas, que se han aprobado, y que recuperan aquel fragmento liquidado en varios formatos que intentan esquivar el Constitucional. Así, por ejemplo, tanto cupaires como republicanos expresan el "rechazo a la suspensión" del apartado en cuestión, y aprovechan para volver a citarlo literalmente.
De la misma manera, JxCat replica el mismo redactado impugnado para "denunciar" que supone "una censura previa" del TC. Todavía en la enmienda de los de Puigdemont "se reivindica poder debatir y votar sobre el derecho a la autodeterminación, la reprobación de la monarquía y el reconocimiento de la soberanía de Catalunya".
A pesar del intento de unificar las diversas enmiendas en una sola, finalmente JxCat, ERC y la CUP han desistido, según han explicado para evitar dar cartuchos a los intentos de filibusterismo de la oposición, que se temían que intentarían interrumpir el pleno tantas veces como pudieran. Como las enmiendas individuales ya habían superado el trámite correspondiente a la Mesa, después de que los letrados no haya puesto objeciones porque entienden que no vulnera el veto del TC, han preferido no abrir un nuevo frente con un nuevo texto que podría haber sido impugnado.A esta justificación hay que añadir las discrepancias vividas los últimos días entre unos y otros, que han ido posponiendo la posibilidad de entendimiento.
Autocrítica independentista
Pactar el texto original costó Dios y ayuda. El documento de respuesta unitaria a la sentencia del Supremo consensuada por los tres grupos independentistas llegó al Parlament más de una semana después de conocerse las condenas, el 22 de octubre. La tramitación posterior ha sido todavía más complicada, como consecuencia de la campaña electoral que ha enfrentado en las urnas a JxCat, ERC y la CUP y, sobre todo, por la presión constante del Tribunal Constitucional.
El primero en intervenir ha sido el diputado de la CUP Vidal Aragonès. Y más allá de ratificar lo que recoge la propuesta de resolución conjunta -la indignación ante "una sentencia injusta" y la "criminalización de la disidencia política"-, ha señalado que los partidos independentistas no han estado "a la altura" ni han "sabido recoger lo que pedía la calle". En este sentido se ha preguntado "por qué llevamos dos años sin estrategia para avanzar en la construcción de la república".
En su turno, la republicana Marta Vilalta ha reconocido que la votación de hoy "no será la solución a nada", però ha indicado que había que hacerlo para demostrar unidad de acción. En cualquier caso ha instado a ir más allá y "abrir una nueva vía política y no represiva". Y es ahí cuando ha aprovechado para reivindicar el papel de ERC en las negociaciones para la investidura. "Tenemos la oportunidad que se puede traducir en una mesa de negociación".
Por parte de JxCat, Elsa Artadi ha aceptado que "puede parecer raro" que se debata y se vote la respuesta a la sentencia 44 días después de que se hiciera pública. Así mismo ha lamenado que se trata de una "sentencia aterradora a nivel humano". Y ha añadido una batería de preguntas: "Mientras los jueces hacen política, ¿dónde están los políticos españoles? ¿No tienen nada que discutir? ¿Dónde está Pedro Sánchez? ¿Y el Miquel Iceta que decía que los referéndums deben poder celebrarse en democracias avanzadas?".
¿Desobediencia o simbolismo?
Habrá que ver si el Constitucional interpreta este nuevo paso como una nueva desobediencia, como ya sucedió con la moción de la CUP de hace dos semanas. Según los letrados de la cámara, no debería interpretarse así. Entienden que la resolución definitiva no vulnera la prohibición del TC porque no reafirma la parte suspendida, sino que simplemente la cita para rechazar que se anule. En la misma línea se ha expresado el PSC. Su diputado Ferran Pedret ha dejado claro que entienden que los grupos independentistas han "aceptado la suspensión del TC", que no consideran que "la introducción de las enmiendas con cita literal suponga volver a poner a votación el texto" y que se trata de una "legítima expresión de disconformidad". En nombre de los populares, Alejandro Fernández ha criticado que la resolución es una "enrevesada ingeniería jurídica para hacer ver que desobedecen sin desobedecer, no sirve para nada pero sigue bordeando la legalidad".
Sin embargo, Ciudadanos ya ha anunciado públicamente que, por enésima vez, volverá a pedir a la Fiscalía que tome medidas por este nuevo pulso del independentismo, que según Lorena Roldán no hace nada más que "seguir con el golpe de Estado del 1-O". "Esta película ya la hemos visto, es un remake con otro reparto", ha afirmado. La jefa de la oposición ha llegado a advertir al presidente del Parlament, Roger Torrent, que corre el riesgo de acabar como su predecesora, Carme Forcadell. Desde el faristol del hemiciclo ha criticado que los portavoces independentistas "recitan el manual de oposiciones a golpistas".
Los comunes, que han avalado la parte de la resolución que pide la libertad de los presos y critica la judicialicación de la política, han dejado claro que en el Parlament "hay que poder debatir de todo, también de autodeterminación, es constitucional defender el derecho a la autodeterminación". La diputada Marta Ribas les ha pedido que "no banalicen el derecho a la autodeterminación, precisamente por la seriosidad y transcendencia de este debate, no se puede dirimir a base de mociones y resoluciones declarativas, reiterativas y fuera de contexto".