La ponencia estratégica de Junts per Catalunya, que ha sido enviada a los militantes del nuevo partido, afirma que para culminar el procés de independencia "hace falta una revuelta democrática como la que ya empezamos a vivir en octubre del 2017". La ponencia invita a aprender de las lecciones de hace 3 años y afirma en este sentido que "el Estado no cederá y no respetará el derecho a la autodeterminación (ya ejercido) del pueblo de Catalunya, y no se sentará a negociar si no se lo fuerza a hacerlo por medio de una confrontación democrática, pacífica y no violenta".
El texto, en el que ha tenido acceso El Nacional, será sometido ahora a debate entre los militantes, que decidirán la ponencia final en el congreso del partido, que se inició en julio y finalizará en octubre.
La ponencia rompe también con el mito de que si se supera el 50% de los votos independentistas el Estado escuchará lo que sucede en Catalunya, y abandona las tesis crédulas. "El Estado español nunca accederá a una negociación con Catalunya que tenga por objeto el ejercicio del derecho de autodeterminación, ni por buena fe, ni por aceptación del principio democrático, independientemente de cuál sea la mayoría partidaria de la independencia (el 48% o el 75%)", indica.
Según el texto, por ello, el ensanchamiento de la base electoral y social del independentismo "es del todo conveniente, pero no es ni mucho menos suficiente con el fin de doblegar la resistencia del Estado". "Con el ensanchamiento de la base no es suficiente. Porque España no es ni el Canadá ni el Reino Unido y no reacciona con el mismo espíritu democrático a un desafío prácticamente idéntico al que tuvieron que gestionar estos otros dos Estados, también occidentales", argumenta.
Junts considera que la confrontación con el Estado es la única vía factible, e insiste en que tiene que ser compatible con cualquiera de los 2 siguientes escenarios: "forzar un diálogo y una negociación con el Estado que desemboque en un eventual referéndum acordado; o alcanzar la independencia al margen de toda negociación (vía unilateral), primero de facto y después de derecho". Insiste en este sentido en que la confrontación no es incompatible con la voluntad de diálogo, "sino al contrario".
"Nunca hemos abandonado ni nunca abandonaremos la vía del diálogo y la negociación. Pero una negociación seria requiere de unas condiciones que en este momento están completamente ausentes: la necesidad de una garantía externa (mediador) de este diálogo; método y establecimiento de una agenda de diálogo; mucho trabajo discreto y preparatorio de una eventual mesa de diálogo; y poca exhibición propagandística de la misma, entre otros. El Estado sólo se verá obligado a negociar de manera seria si percibe que su correlación de fuerzas evoluciona de manera negativa a sus intereses. Y la confrontación sostenida, determinada y estratégica es una condición necesaria para esta evolución de la correlación de fuerzas. En cualquier caso, después del 1-O, un nuevo referéndum sólo tiene sentido en caso de que esté acordado con el Estado y que haya las garantías de que este respetará el resultado", argumenta.
La ponencia defiende impulsar simultáneamente la confrontación desde las instituciones y desde la sociedad civil, y precisa que no será suficiente que busque sólo el desgaste reputacional y político del Estado. "Hay que identificar el papel de las entidades, de los partidos, de las instituciones catalanas y del Consell per la República en el impulso, la organización y el acompañamiento de esta movilización", dice.
El texto considera centrales en el futuro el Consell per la República, que dice que tiene que representar la diversidad del movimiento republicano, y la Assemblea de Càrrecs Electes, que tienen que ser el eje de "la nueva institucionalidad republicana". Las otras patas serían las instituciones catalanas estatutarias y la sociedad civil. "De la correcta articulación entre estas tres vías dependerá de que la estrategia para culminar el procés avance de manera más o menos rápida y más o menos efectiva", manifiesta.
La ponencia reitera la apuesta por la unidad estratégica, pero con un matiz: "Las dificultades para alcanzar esta unidad estratégica no paralizarán nuestra tarea y determinación para culminar el procés", apunta.
También señala que eludir la confrontación democrática con el Estado no aporta ninguna vía de solución al conflicto político entre Catalunya y España, "y en el mejor de los casos sólo hará que traspasar a generaciones futuras la gestión de este conflicto o bien comportará la renuncia definitiva".