David Sánchez, hermano del presidente español, Pedro Sánchez, y jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, ha sido imputado por presuntos delitos de corrupción. El caso, que investiga el juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, tiene su origen en una denuncia presentada por el sindicato ultra Manos Limpias, que lo acusó de cometer malversación de fondos públicos, fraude y exacciones ilegales a partir de noticias de prensa que aseguraban que David Sánchez accedió en el 2017 al cargo de forma irregular, que no asiste al lugar de trabajo y que tiene una residencia ficticia en Portugal para evadir impuestos. La magistrada ha tomado la decisión de imputar a Sánchez después de haber analizado el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el caso, del cual afirma que se desprenden "indicios racionales de criminalidad relativos a los delitos contra la Administración Pública", que incluirían la prevaricación y el tráfico de influencias. En cambio, no aprecia indicios criminales en relación con los delitos contra la Hacienda Pública, es decir, la malversación.
¿De qué se acusa a David Sánchez?
El hermano de Sánchez, conocido también por el nombre artístico de David Azagra, es músico y en 2017 empezó a trabajar como coordinador de Actividades de Conservatorios de Música de la Diputación de Badajoz, cargo adscrito al área de Cultura, Juventud, y Bienestar Social al cual accedió a través de un proceso de méritos que ganó ante 10 aspirantes más. Cinco años más tarde, este cargo cambió de nombre, y pasó a denominarse jefe de la Oficina de Artes Escénicas, sin que cambiara ni el sueldo ni las funciones. La posición se creó en el 2003, pero entre 2008 y 2017, hasta la llegada de Azagra, estuvo vacante. Es por eso que la jueza ha reclamado documentos relativos al reglamento regulador por el cual se creó y modificó este puesto de trabajo, las bases con las cuales se hace la elección de este puesto de trabajo y los proyectos de coordinación presentados por los 11 aspirantes al cargo. También pide el organigrama del departamento de Cultura en los últimos ocho años. El objetivo es determinar si el cargo se creó a medida para Sánchez.
La denuncia de Manos Limpias que originó el caso al cual se sumaron posteriormente como acusación popular, el PP, Vox y las asociaciones Hazte Oír, Abogados Cristianos y Liberum, afirmaba que Sánchez "había estado percibiendo un sueldo público sin desarrollar las funciones" que se le asignaban en el cargo, como la dirección de la Orquesta Sinfónica, la Banda Sinfónica, y la Orquesta de Cámara de la Diputación. Es por eso que lo acusaba de malversación y fraude.
Por otra parte, el medio El Debate, había publicado una información que aseguraba que Sánchez había cambiado su residencia fiscal a Portugal para evitar pagar impuestos, y que gracias a este hecho había incrementado su patrimonio, que ascendía a los 1,7 millones de euros en viviendas y acciones. De estos, 1,4 millones, supuestamente eran acciones del BBVA. Los investigadores de la Guardia Civil, sin embargo, apuntan que no han encontrado "evidencia" de que posea esta cantidad de acciones y creen que se trata de un cálculo erróneo. Para tratar de aclararlo, la jueza ha pedido al banco que informe sobre el valor de los depósitos de varias acciones de cotización oficial a su nombre. La Agencia Tributaria ya confirmó que Sánchez tributaba en Portugal, pero explicó que no suponía ningún delito porque reside en ese país, cerca de la frontera con Extremadura, y este hecho "no es incompatible con la condición de empleado público de la Administración española".
Todos los imputados en el caso David Sánchez
Aparte de Sánchez, la magistrada también ha imputado a ocho altos cargos y excargos de la Diputación de Badajoz, entre ellos el actual presidente de esta, el socialista Miguel Ángel Gallardo. Los otros investigados, citados a declarar el 9 y 10 de enero de 2025, incluyen a las exdirectoras del área de Cultura Elisa Moriano y Emilia Parejo, y al actual director de Cultura, Deporte y Juventud, Manuel Candalija. También, la diputada delegada de esta área hasta 2018, Cristina Núñez, y el actual diputado delegado, Francisco Martos. La ex directora del área de Recursos Humanos y Régimen de Interior Juana Cintas y el ex jefe de servicio de gestión de Recursos Humanos, actualmente jefe de sección de Gestión Administrativa, Félix González, completan la lista de imputados.