¿Por qué nos espían los Estados? O más crudo: ¿Por qué nos dejarían de espiar? Actualmente, espiar a sus conciudadanos no significa ningún coste político, ni traba para los gobiernos de todo el mundo. Son dos preguntas que se han formulado en el seminario Al-Himaya, contra la represión estructural, que este jueves se ha iniciado en la Universidad de Barcelona, organizado por las entidades Irídia, NOVACT, Suds, GRECS y el ODHE, con el objetivo de ser un punto de encuentro entre personas defensoras de derechos humanos, expertas en la lucha contra la represión y especialistas en tecnologías de control y vigilancia de la región Euromediterránea. En la ponencia sobre el software espía, el caso de Pegasus y Candiru, bien conocidos en Catalunya, se han dado datos escalofriantes. En videoconferencia desde Berlín, Shir Herver, investigador y experto en tecnología de vigilancia masiva, ha explicado cómo Israel ha experimentado en Palestina este espionaje, a través de los móviles, y con el reconocimiento facial para luego matar a miles y miles de personas. Y después, exporta esta tecnología por todo el mundo.
En esta mesa de debate, el penalista Andreu Van den Eynde -que ha explicado las dificultades para que los juzgados españoles investiguen el espionaje de Estado al independentismo catalán- ha compartido que "compañeros palestinos ya certifican e investigan cómo se está cambiando la definición de antisemitismo, y ahora se califica así a toda persona que solo denunciar al gobierno de Israel". El control sobre la población Palestina es asfixiante: "Se afirma que ya tiene controlado el próximo Nelson Mandela antes de que él mismo lo sepa", ha declarado Cèlia Carbonell, de Irídia, que ha defendido "el derecho a saber la verdad de la ciudadanía, sobre si la han espiado", reconocido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) cuando se acaba una operación de seguridad, y" de la no repetición".
En la ponencia también ha intervenido Elies Campo, uno de los investigadores de Citizen Lab, el grupo canadiense que descubrió el Catalan Gate, con más de 65 personas espiadas del independentismo catalán por parte del Gobierno, a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), como ha admitido parcialmente el gobierno del PSOE. Y, por ahora, con pruebas periciales que se realizó entre los años 2018 en el 2020.
El caso catalán
En el aula magna de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona, los expertos en tecnología Shir Herver y Elieas Campo han explicado cómo ha evolucionado este software espía que la empresa israelí NSO creó en el 2010 y ha vendido a agencias gubernamentales. Han evolucionado y mejorado. Por ejemplo, en la versión 2 y 3 de Pegasus ya no hace falta que la persona cliquee ningún enlace del móvil o del ordenador para ser infectado y acceder a su contenido. Y las agencias quieren que toda la información que se obtiene de los aparatos se deposite en un contenedor que solo tengan ellos, y no la empresa del software.
En el caso catalán, el abogado Andreu Van den Eynde ha estado bien claro, además de recordar que "se ha espiado a cuatro presidents de la Generalitat". "Los jueces y los fiscales en el Estado español no quieren investigarlo", ha afirmado el penalista. Una dificultad que se le suman otras: el software es difícil de detectar; la empresa israelí se defiende en diferentes litigios mundiales que vende el programa a gobiernos, que lo usan como secretos de Estado, y, por lo tanto, también están blindados de toda responsabilidad, y los espionajes están amparados por una cuestionada legalidad.
"En su momento habrá que presentar una querella contra el juez del Supremo de control del CNI, ha lanzado Van den Eynde y ha añadido que, en el caso catalán, el magistrado Pablo Lucas no argumentó este espionaje muy invasivo "ni lo podía permitir porque va contra los derechos humanos". En este sentido, Cèlia Carbonell, d'Iridia, ha recordado que el CNI y la ley de los secretos oficiales "es una norma aprobada por Franco" y que desde las entidades se pide su derogación y mayor control del CNI.
Los expertos han coincidido en que hay que seguir compartiendo información sobre los casos de espionaje desde las diferentes vertientes para hacer frente. En este sentido, el penalista de Barcelona ha indicado que hace falta llevar el litigio catalán al ámbito internacional. Se ha exponer, indica, que se ha vulnerado el derecho de la Unión, en el caso de la protección de la intimidad y también que los datos personales extraídos no se podrían haber comercializado, un extremo que -ha admitido- todavía no se ha podido probar.
Manifiesto contra la represión
Estos viernes, en el edificio central de la Universidad de Barcelona, representantes de las entidades cerrarán el seminario Al-Himaya (que significa protección, atención, custodia, tutela, defensa, en árabe) con la lectura de un manifiesto (en catalán, castellano, inglés y árabe) para exigir a los gobiernos que se garantice la protección individual y colectiva de activistas y de todas las personas.
Se afirma que Al-Himaya busca contribuir a "la creación de sociedades libres de violencia que hagan frente al autoritarismo creciente en la región euromediterránea, con especial atención en Catalunya, Marruecos, Sáhara Occidental, Túnez, Egipto, Palestina, Israel, Jordania e Iraq, a través de apoyo, protección, defensa y atención integral a las personas defensoras de derechos humanos".