Abren su portada El País, La Vanguardia y ABC con el aval del Tribunal Constitucional a la ley del aborto promovida por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, denominada "ley de plazos", y recurrida ese mismo año al TC por 71 diputados del Partido Popular. Con aquella ley, el aborto pasaba a ser libre en las primeras 14 semanas del embarazo y se definía como un derecho financiado públicamente y no como un delito despenalizado en tres casos: peligro para la salud o la vida de la madre, feto con graves taras físicas o psíquicas y embarazo fruto de una violación.
Los titulares de este viernes hacen algunos aspavientos, como si en algún momento la legislación impugnada hubiera estado en riesgo. Qué comedia. La gracia que no captura ninguna de las portadas es que los actores principales del sainete han sido el mismo TC —sus anteriores alineaciones, dominadas por magistrados patrocinados por el PP— y el mismo PP, que en este asunto ha puesto siempre una sola marcha: atrás. Este jueves, su presidente, Alberto Núñez Feijóo, lo remachaba al manifestar apoyo y "respeto" a la regulación que el mismo PP había impugnado, como recuerdan en primera página La Vanguardia y El País —y omite ABC.
Tiene gracia. En octubre de 2009, el PP se sumó a una manifestación contra la misma ley que ahora le merece "respeto". Acudieron a Madrid con todo: el expresidente José María Aznar; Dolores de Cospedal, entonces secretaria general; Esperanza Aguirre, presidenta de Madrid; Ana Mato, Ana Pastor, Jaime Mayor Oreja... y más de 50 parlamentarios. El PP recurrió la nueva ley al TC en consonancia con su programa para las elecciones de 2011, que decía: "Cambiaremos el modelo de la regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida". Con la mayoría absoluta, el nuevo presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, encarga al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que reforme la ley de plazos en el sentido del anterior de 1985. El anteproyecto recibió el visto bueno del gobierno central y el aval de organismos como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal o el Comité de Bioética de España.
En 2014, sin embargo, Rajoy retira el anteproyecto y deja viva una sola cosa: la autorización obligatoria de los padres para las mujeres de 16 y 17 años que quisieran abortar. Gallardón dimitió. En un artículo en El País, el difunto dirigente socialista Alfredo Pérez Rubalcaba razonaba entonces con lógica que "al renunciar a sacar adelante su proyecto de reforma, el PP admite que la ley actual [la de plazos] es constitucional". El recurso al TC, sin embargo, ya no podían pararlo: la misma jurisprudencia del TC lo impedía. Los magistrados, siempre creativos, encontraron solución: guardarlo en el fondo del cajón... hasta este jueves. Unos porque creían —como la actual mayoría— que la ley de plazos era constitucional. Los otros atendían los intereses del PP, que los había patrocinado.
Este jueves, doce años después de que se aprobara, la ley de plazos ha sido avalada por un Tribunal Constitucional con mayoría de magistrados patrocinados por el PSOE y sus aliados. Han descartado el borrador de sentencia que se la cargaba —redactada por un magistrado de la mayoría anterior— y han encargado un borrador favorable a una magistrada de su cuerda. Asunto resuelto. Toda esta historia, tan articulada, es difícil de explicar en un título de doce o quince palabras sin que nadie salga perdiendo. A la vista de la historia, sin embargo, los tres diarios que hacen aspavientos en portada podían haberse cortado un poco. Ya lo dijo el poeta estadounidense John Godfrey Saxe: "las leyes, como las salchichas, dejan de inspirar respeto a medida que sabes cómo están hechas".
