La tragedia de los tres geólogos muertos en la mina de potasa de Súria solo es noticia en las primeras páginas de Barcelona —El País lo lleva en un rinconcito. Decir noticia es decir mucho porque, más allá del hecho cruel —"Morir a 900 metros de profundidad", titula El Periódico— aun no hay explicación de las causas de la desgracia. El director de esta casa lo clava en el editorial: "La tragedia [...] no tiene que darse por amortizada con argumentos tan falaces como la mina es así, ya se sabe. [...] Han transcurrido muchos años desde 1925, cuando empezó a comercializarse la potasa, y ya se daba esta respuesta cada vez que pasaban noticias como la de este jueves". Es un asunto complejo, porque estas minas no se pueden cerrar sin más: están entre las principales del mundo y ocupan a 1.100 personas. Qué dilema.
Otra noticia que impresiona proviene de los datos de los Mossos d'Esquadra: cien menores de 14 años protagonizaron agresiones sexuales en 2022, agresiones como la de Badalona que esta semana ha saltado a las noticias. El Periódico y Ara lo publican en portada como tema principal y La Vanguardia en segundo término. Esos cien menores hacen vida normal ahora mismo porque son inimputables penalmente. Algunos sectores de la justicia ya piden que se rebaje la edad penal a 12 años, en consonancia con la costumbre de recurrir a endurecer los castigos para erradicar comportamientos criminales. Los psicólogos expertos que estos días hablan en radios y televisiones alertan de que el enfoque punitivo no es solución y proponen ir a fondo con medidas de educación, terapia y acompañamiento. Es un tema que también tiene aspecto de dilema cornuto y del que las portadas seguirán hablando.
Otro tema fuerte de este viernes es la reforma del sistema de pensiones. El País y La Vanguardia abren portada con el asunto y explican que el ministro español de la cosa ya lo tiene casi cerrado con Bruselas y los sindicatos. También lo veremos en primera página los días que vienen porque de resolverlo depende el desbloqueo del cuarto tramo de ayudas europeas Next Generation, de las que ahora mismo cuelga la viabilidad de los Presupuestos del Estado. La Unión Europea exige a España que aumente los ingresos para cuadrar las cuentas de hacer frente al envejecimiento de la población —más gente cobrando pensiones más tiempo. Si no hay bastante dinero para pensiones, una de dos: o se rebajan —nadie quiere oír hablar de ello— o se detrae más dinero de los trabajadores vía recargo de la "tasa de solidaridad intergeneracional" y/o de elevar las bases máximas de cotización. Es un parche para resolver el déficit a corto plazo.
Para el largo plazo, el ministro Escrivá propone incrementar los años de cotización con que se calcula la cuantía de la pensión, el periodo de cómputo. El periodo es de 25 años. Escrivá propone añadir la opción de elevarlo a 28 años y que el trabajador escoja cuál prefiere. En general, los aumentos en el periodo de cómputo se traducen en una merma en la pensión final porque, al abarcar los años del inicio de la vida laboral, con sueldos más bajos, la pensión resultante es menor. También es cierto que la estructura laboral ha cambiado y que a los trabajadores con mejores salarios cuándo eran más jóvenes —por ejemplo, en el sector tecnológico o de servicios— ya les va bien un periodo de cómputo mayor. Todo esto es complicado de explicar en un título, porque no hay buenos y malos, sino beneficiados y perjudicados de varios tipos y no se puede generalizar. Continuará.
