Si te gusta la política o, más bien, si te gusta la actualidad política, tus portadas de este jueves son la de Ara y la de El País. El diario barcelonés dice que Junts y el PSOE hablan de una fórmula alternativa a la del mediador para facilitar y controlar los acuerdos entre unos y otros y para que sea garante de que se cumplirán. La figura del mediador —o de un mecanismo de mediación— es un asunto muy interesante al que los diarios, hasta ahora, no han dedicado mucha cobertura, aunque está presente casi desde que existe registro de la resolución negociada de conflictos de todo tipo, sean nacionales o internacionales, políticos, económicos o sociales, desde las querellas territoriales entre Argentina y Chile hasta el proceso de paz en Irlanda del Norte o la independencia del Timor Oriental. El PSOE y, en general, el lado digamos español, lo ve como una injerencia en la soberanía del Estado y en la legitimidad del gobierno. La parte, digamos catalana, insiste porque el historial de incumplimientos del otro lado es amplio en cantidad y calidad, y porque es una analogía —en parte igual y en parte diferente— de la propia soberanía.
El diario madrileño, por su parte, continúa en su tarea de acuñar las condiciones para que se reedite el acuerdo parlamentario que permitiría gobernar a Pedro Sánchez. Este jueves abren explicando que el Tribunal Constitucional ha emitido hasta 22 sentencias que "permiten encajar una amnistía" en la Constitución española. También hay más de 30 tratados internacionales que reconocen la legalidad de la amnistía y que son parte de la legislación española. Como queriendo decir que no será por leyes y cánones que la amnistía puede salir adelante, justo lo contrario de lo que promueve el aparato mediático y político de la derecha española. La clave para que la amnistía quede justificada, según el diario de los progres boomers, es la argumentación que se haga en la exposición de motivos de la ley. Es decir, la clave será razonar la necesidad y utilidad de la medida política con los precedentes jurídicos al alcance, que es lo que El País pretende proporcionar con esta información.
Otro asunto al que los diarios que aquí se comentan tampoco presta mucha atención —ABC un poco, pero nunca en portada— es la propuesta del presidente francés, Emmanuel Macron, de reformar la Constitución para poder celebrar referéndums y reconocer la "singularidad" de Córcega y Nueva Caledonia, que quedaría escrita en la carta magna de la V República. Macron habla de inscribir en la Constitución la posibilidad de otorgar estatutos de autonomía a estas dos regiones, quizás a otras. "La nueva etapa de descentralización no tiene que seguir un patrón uniforme", según el presidente. Cada comunidad territorial podría tener su propia forma de organización y desarrollar su propio estatuto particular —no sería el "café para todos" español, para entendernos.
Es una propuesta destacable que ya ha puesto nerviosos a jacobinos de derecha e izquierda. Occitania, Bretaña —antiguas naciones— o el departamento de Altos-de-Francia —un invento moderno— llevan tiempo pidiendo más poderes y más margen de maniobra, sea por pragmatismo o para responder a una necesidad identitaria no necesariamente separatista. Thomas Legrand, un comentarista republicano ortodoxo, escribía hace unos días en Libèration que "se generaliza la aspiración de aflojar los grilletes jacobinos para respirar un oxígeno más democrático. La idea que ha prevalecido durante mucho tiempo, según la cual la República en que Francia se fundamenta va de la mano de la uniformidad administrativa, ha prescrito". Legrand (y Macron y otros) habla de "desconcentración" y "descentralización" administrativas, nunca de lengua ni de nacionalidad alternativas, paralelas o complementarias a la francesa. No es como aquí. Pero para Francia solo eso es una sacudida importante. Debería interesarnos más porque, como dice un amigo tan francófilo y tan viajado, España siempre ha copiado lo peor de Francia y ahora Francia está girando.