La mayoría de diarios abre con la propuesta del ministro de las pensiones, José Luis Escrivá, de aumentar un 0,5% tu cotización a la Seguridad Social durante 10 años a partir del 2023. Es el sistema que quiere aplicar para rellenar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la hucha de las pensiones. En 2011, el Fondo sumaba 66.815 millones de euros. La recesión ya intoxicaba la economía, pero aún duraba la inercia de la tasa de empleo histórica de antes del 2008 gracias al ladrillo y a los créditos baratos. Actualmente, la hucha no llega a 2.000 millones.
Lo que falta se lo comieron, desde 2012, dos pagas extra anuales de pensiones contributivas —las cotizaciones ordinarias no llegaban—. El Gobierno de Mariano Rajoy modificó la ley para saltarse los límites y retirar del fondo más dinero de lo permitido, hasta 74.437 millones. Antes, el Gobierno de Rodríguez Zapatero había destinado 12.690 millones a pagar prestaciones a parados, que no es la función de la hucha. Pedro Sánchez ha gastado otros 5.900 millones más. Encima, el Fondo acumula una deuda de más de 98.500 millones con el mismo Estado, que le ha otorgado préstamos para cubrir las pensiones. Es decir, que se pagan pensiones con impuestos y con deuda, que traducido significa que se carga el gasto presente en pensiones no ya a las generaciones actuales, sino a las futuras. Hablando en plata, se va chutando la lata calle arriba sin resolver el problema de fondo: que no somos suficientes cotizantes para sostener el sistema. La solución de Escrivà es simple: si somos menos y no queremos recortar las pensiones, tendremos que cotizar más.
Esta información ha tapado dos hechos que tienen también mucha fuerza. Uno es la riña en el PP de Madrid entre Isabel Díaz Ayuso, que lo quiere presidir, y el aparato del partido, que resiste la idea de que Ayuso acumule más poder y le dé la lata a Pablo Casado, presidente del partido y candidato a la Moncloa. No tiene ninguna malicia ni es ninguna desgracia que dos liderazgos fuertes se disputen el poder del partido en el que militan. Es normal. Los trasiegos y dificultades para encontrar al relevo de Angela Merkel al frente de la CDU también ha sido épicos (y ahora reviven, porque el sustituto, Armin Laschet, perdió las elecciones).
El otro asunto —quizás más notable desde el punto de vista institucional y de derechos y libertades— es que PP y PSOE se tiraron los trastos a la cabeza por sus candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional solo para acabar votándose todos a todos. Hay dos magistrados propuestos por el PP (Enrique Arnaldo y Concepción Espejel) a los que probablemente no les comprarías un coche de segunda mano, pero que ya tienen silla en el TC hasta 2028. Arnaldo aparece en dos sumarios de causas de corrupción sin consecuencias penales para él. Espejel fue apartada de varios juicios del caso Gürtel por su proximidad al PP. Seguramente no había mejores candidatos (es broma). Los únicos grupos que los han votado han sido los de los dos partidos dinásticos, PSOE y PP. Los diarios se lo toman con flema porque ya se han acostumbrado a aceptar la subasta de cargos entre los dos grandes partidos españoles y han perdido sensibilidad.
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