"...resulta que aquel muerto de hambre se había creído que las deudas se acaban con la muerte. Y no. No." Es lo que explica Franco Lecca-lecca, un usurero napolitano, a Dona Imma, la boss de la familia camorrista Savastano, para justificar la agresión a la hija del muerto para que pague lo que debía su padre. Pertenece a una escena de Gomorra, la serie sobre los clanes mafiosos de la región de Nápoles. El comportamiento ventajista, rencoroso y vengativo de Lecca-lecca viene a la memoria al ver la prisa del Tribunal de Cuentas español en rechazar los avales del Institut Català de Finances (ICF) y embargar bienes por valor de 5,4 millones de euros para cubrir la fianza contra unos treinta exaltos cargos de la Generalitat acusados de malversación contable en la acción exterior 2011-2017. A los avales del ICF no se había opuesto ninguno de los actores del proceso, pero la delegada instructora, Esperanza García, los rechazó ayer, sin explicación, al enterarse de que el gobierno español y el PP habían pactado la renovación del organismo. García tenía esta carpeta sobre la mesa hacía semanas.
La malversación penal no ha podido probarse de hecho en ningún procedimiento judicial del 1-O. Sin embargo, ¡alehop!, el Tribunal de Cuentas —que no es ningún tribunal, sino un órgano político de control— tiene mucha flexibilidad para fabricar una acusación de malversación contable, además de un palo que consiste en embargar preventivamente el patrimonio personal de los acusados para cubrir el valor presuntamente malversado —antes de determinar la culpabilidad. Dirás que es un procedimiento bárbaro, poco compatible con el concepto liberal y democrático de los derechos civiles y de la justicia, la presunción de inocencia y el castigo personal del ejercicio público, étcétera. Que parecen las penas del Tribunal de Orden Público del franquismo. Al Tribunal de Cuentas le importa un pito. A la mayoría de los diarios, también. Entre las portadas de Madrid sólo La Razón habla del caso y en la pieza más pequeña. El resto, nada. Por contraste, todos los diarios de Barcelona abren portada con el asunto. Salvo El Periódico, que ha preferido destacar los "guiños" del Gobierno a ERC en la ley de la memoria histórica (no es broma, tienes la portada más abajo) y no dice palabra de las confiscaciones del Tribunal de Cuentas. Quizás los otros tres diarios sean chapuceros y/o sentimentales. Ya se ve, sin embargo, que El Periódico ha dejado el tema fuera deliberadamente —no ha sido un despiste— y ha querido sumarse a la omertà con que la prensa madrileña trata el asunto. Queda claro el mensaje.
Los diarios de Madrid abren todos con el acercamiento entre la Moncloa y el PP para acordar la renovación del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas. Da la impresión que lo celebran mucho. Tiene mucha gracia como lo aborda El Mundo, por la naturalidad con que acepta la subasta partidista de estas instituciones como un procedimiento normal. Parece que se frota las manos porque el pacto debilita la posición de Pedro Sánchez para "negociar el Poder Judicial". ¿Negociar? Encima, en un subtítulo, avisa de que el PSOE tendrá que ceder a la reforma del Poder Judicial que quiere el PP si quiere "controlar el Tribunal Constitucional en 2022". ¿Controlar? Pues eso, que los acusados de malversación contable lo son por un Tribunal de Cuentas que fue "negociado" y ahora está "controlado" por los mismos que se reparten el Consejo del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. La Democracia Consolidada™. Por cierto, la asociación entre Tribunal de Cuentas y la escena de Gomorra venía también porque una de las confiscadas es Maryse Olivé, exdelegada de la Generalitat en París. Maryse murió en 2017 y se le reclama el dinero… a su hija Chantal. Por si tenías dudas que es un procedimiento primitivo y bestia. Esto es lo que callan las portadas.
La Vanguardia, portada
El Punto Hoy, portada
Diario Ahora, portada
El Periódico, portada
El País, portada
El Mundo, portada
ABC, portada
La Razón, portada
El Periódico de España, portada