Las portadas de hoy no otorgan espacio al drama del Barça-institución porque ayer el Barça-equipo cargó la piedra hasta la cima de la montaña. Entonces, si el pelotita entra... todo se perdona, se olvida, se pospone. Ayer se conocieron un montón de detalles de las investigaciones de los Mossos sobre el Bartogate, de todas todas una de las historias más jugosas del día, pero no ha hecho suerte en primera página excepto en El Periódico, que escribe un título bonito y entusiasta y una foto ídem para resumir la eliminatoria.
Incluso la salida de la prisión del excomisario Villarejo le quita el pan del cesto al Bartogate en alguna portada catalana —ya ves tú— y también al pésimo comportamiento de la familia real española en las portadas madrileñas. El Mundo hace un título magnífico sobre esa historia del líder de las cloacas policiales y servidor incondicional del Estado profundo: ha quedado libre porque la Justicia ha sido incapaz de juzgarlo en cuatro años. El diario ultra la toca bien, sin aclarar que es doctrina de la justicia que se produce indefensión si pasan cuatro años sin que a un detenido se le forme causa concreta con una acusación específica.
Sería mejor saber por qué, con lo que ha llovido sobre ese señor y los comportamientos que se le han documentado, aun no se le ha formulado escrito de acusación ni, por lo tanto, ha pasado por casa del juez. Una posibilidad es que el aplazamiento esté motivado porque no se quiere ese resultado. No podemos saberlo. Sólo queda claro que cuatro años es tiempo suficiente para resolver. Es gracioso también que la fiscalía incapaz de llevar a Villarejo al tribunal es la misma que se apresura incansable contra el tercer grado de los presos políticos, avala la última bala desesperada del juez Llarena contra Puigdemont, archiva el caso de los militares que querían fusilar a 26 millones de españoles, denuncia a la Mesa del Parlament por desobediencia o acusa rigurosamente a los nonatos síndicos electorales del 1-O, etcétera. La ciudadanía sabrá valorar la eficacia de la Justicia como conviene, aunque le servirá de bien poco porque a jueces y fiscales no los vota nadie —perdón, sí los vota alguien: se votan ellos mismos, excepto a los que más mandan, que los votan (o como se diga) los partidos en las Cortes.
También interesante la portada de ABC, que permite documentar la confusión magnífica con que este diario entiende el Estado y sus instituciones. En el título principal dice que el gobierno español traspasará el sistema penitenciario "al nacionalismo vasco", como si "el nacionalismo vasco" fuera alguna la entidad o la corporación pública que se hace cargo. En realidad se lo traspasará al gobierno vasco, naturalmente, que ahora controla al PNV después de ganar las elecciones. El tabloide monárquico quizá piensa que los gobiernos y la administración pública son propiedad de los partidos, de una determinada ideología o de alguna clase, que los usan como instrumento para nosequé. Es curioso mantener esta concepción patrimonial del Estado. Parece que la han sacado de las novelas españolas del siglo XIX y su corro de funcionarios "cesantes" porque al partido que los apadrina le ha caducado el turno.
Remacha la idea en un subtítulo donde afirma que "Vitoria" [donde tiene la sede el gobierno vasco] podrá otorgar beneficios penitenciarios a los terroristas "igual que la Generalitat hace con los presos políticos", como queriendo decir que la administración penitenciaria catalana se salta o tuerce la ley y que, naturalmente, la vasca hará lo mismo y por eso quieren la competencia. Hay que ser muy caradura y deshonesto (o mentiroso, como La Razón): el 70% de los presos por terrorismo están en prisiones fuera del País Vasco gracias a la punitiva política de dispersión carcelaria de la Democracia Plena™.
