La Vanguardia poco menos que acusa al conseller de Educació, Josep González Cambray, de desacatar la orden del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que manda aplicar el 25% de castellano en las escuelas. Es la impresión que da su título principal de portada y el de la web ("hace oídos sordos"). No es la primera vez que el diario, en este asunto, quiere presentar a Educació como el malo de la película. A finales de enero ya dijo que el departamento preparaba un "decreto para eludir" (o "esquivar") la imposición judicial del 25% de clases en castellano a todos los alumnos de cualquier etapa educativa. No era cierto. De hecho, en el auto de ayer, el TSJC obliga a poner en marcha el 25% de castellano en 15 días mientras este decreto y otras medidas no se aprueben y apliquen. Tiene mucha fuerza que los jueces, en funciones de Departament d'Educació sobrevenido, tengan más confianza en el Departament de verdad que la misma La Vanguardia. Al mismo tiempo, explica muchas cosas que el diario considere más relevante la actitud de la conselleria que la decisión de los jueces de tirar por la calle de enmedio y obligar a aplicar una sentencia que se han sacado de las puñetas, promovida por una entidad que representa menos del 0,1% de los alumnos —si llega— y que los agentes educativos consideran inadecuada y lesiva. No, no hay ni una referencia a las cuestiones de fondo: los jueces determinando una política educativa arbitraria por encima del Govern surgido del Parlament, a las opiniones contrarias de la mayoría de expertos, a la aceptación pacífica del sistema desde 1984, a la voluntad muy mayoritaria de los padres de mantenerlo, a sus buenos resultados o a que muchos de los opositores están motivados políticamente.
Tampoco hay que hacer como El Punt Avui, que titula directamente por la opinión del conseller, pero es difícil discutir que es peor juzgar las intenciones del Departament y acusarlo de saltarse a los jueces. Tiene gracia cómo lo presenta Ara, que ha contado hasta 132 errores lingüísticos y faltas de ortografía en las 15 páginas del auto del Tribunal Superior de Justicia. Ocho errores por página. New World Record. No es ninguna minucia, porque la justicia considera que los defectos formales o de procedimiento suelen indicar defectos de fondo. Este detalle también explica dónde está el TSJC y qué hace latir su corazón. Bien visto, Ara. El título tampoco es malo, porque cualquier mortal con dos dedos de frente se da cuenta que es una burrada otorgar 15 días para implantar el 25% de castellano en todas las escuelas, más toda la retórica de control y supervisión que gastan los señores magistrados al encargar la vigilancia a la Alta Inspección del Estado en Catalunya. Por si no lo sabías, son dos inspectores para 5.500 escuelas. Suerte y acierto a ambos. ¿Qué es lo que interesa a los jueces que dictan el auto? No queda claro, pero seguro que no son la enseñanza, ni los alumnos ni los profesores. Quizás La Vanguardia podía haberse percatado —y alguna cosa ha visto, porque el editorial va menos cargado que la, digamos, información. El Periódico mira hacia adelante y cuenta que los partidos ya procuran resolver la confusión judicial. Toda otra actitud.
El otro punto destacable del día es el aviso de cariz siciliano o calabrés que La Razón publica en portada con apariencia de noticia. Dice que tanto el Ejército como los cuerpos de seguridad del Estado defienden al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en el caso del CatalanGate. En los subtítulos se agrava el tono cabeza-de-caballo, que avisa al gobierno español que hay mucha movida "en estamentos claves y sensibles" (sic) y que hacen falta más pruebas y más concretas para justificar la destitución de Paz Esteban, la directora del CNI, a la que el Trío de la Bencina ya hace cuatro días que presenta como la nueva Agustina de Aragón del espionaje patriótico. Cualquiera esperaría una actitud decidida como la del diario en defensa de los derechos y libertades de los espiados, pero se conoce que no, que ha preferido ponerse al lado de los presuntos infractores. Qué miedo.