Sólo El País abre su portada con el decreto-ley aprobado por el Gobierno que amplía las causas por las que el Ministerio de Economía puede intervenir redes digitales y servicios de comunicación electrónica. En concreto "en determinados supuestos excepcionales que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional". El decreto reforma seis leyes (¡seis!) para aumentar el poder de censura de los funcionarios de un ministerio sin intervención de la justicia ni audiencia previa al/los afectado/s.
El gobierno central justifica la reforma por "los recientes y graves acontecimientos que han tenido lugar en parte del territorio español", que El País no se corta en atribuir a la actividad del Govern bajo el paraguas de la llamada "república digital" o a la manera como opera Tsunami Democràtic, una organización tejida en el ciberespacio.
El caso es que mientras los diarios venden la cosa como una medida dirigida a reprimir el independentismo, la reforma afecta a todos los servicios de comunicaciones electrónicas y a sus usuarios. A todos, no sólo a los servicios públicos. Permite, por ejemplo, intervenir o cerrar cualquier servicio o red de comunicaciones digital "incómodo" —páginas web, pero no redes sociales, protegidas por la legislación europea— con el pretexto de la seguridad nacional y el orden público, que es la misma excusa usada para encarcelar a aquellos titiriteros de Madrid, por recordar un caso. El gobierno central se explica diciendo que no se trata de restringir ningún servicio, sino "de asegurar que se presta", según una fuente oficial que cita aquel diario. Es el mundo al revés.
El resto de diarios no saben, no contestan. El Periódico y Ara todavía lo publican en portada, pero pequeño y a la cola de otros titulares. La Vanguardia, El Punt Avui y el trío de la derecha mediática madrileña (El Mundo, La Razón y ABC) ni lo mencionan. Es curioso. Quizás les parece bien, quizás no advierten la magnitud de la tragedia. De entrada, un concepto tan abierto como el de "determinados supuestos excepcionales" no es muy garantista respecto a los derechos y libertades de los ciudadanos. Sólo hay que ver la discrecionalidad —arbitrariedad— con que se aplica la ley de seguridad ciudadana (la "ley mordaza") o la reforma del Código Penal de 2015. Hablando en plata, la administración puede intervenir cuando le dé la gana a quien le dé la gana. Censura primero, que ya encontraremos justificación después.
No hay muchos Estados que incluyan este tipo de regulaciones en su arsenal legal. Lo hacen aquellos en que no te gustaría vivir. Son Estados que tienen miedo a sus ciudadanos o que prefieren cometer una injusticia a soportar un desorden, parafraseando una frase (cínica) de Goethe que después ha servido de argumento a portavoces y practicantes del conservadurismo más jacobino, agresivo y elitista. Lástima que tantos diarios estén en la luna de Valencia cuando se trata de los derechos de los ciudadanos. Quizás es que también les da miedo la libertad o les importa menos de lo que piensan.
