Qué espectáculo. El informe fantasma de la Abogacía del estado que el gobierno español ha sido incapaz de presentar al Congreso ha aparecido en El País. El dictamen dice lo que conviene al gobierno, claro: "es inviable dar más fondos a las autonomías". La gracia de este titular es que presenta la cosa como si se tratara de un extra, de una gracia, de una merced de la Hacienda central, cuando resulta que esos fondos son de las autonomías y no "se dan" discrecionalmente según el capricho de Madrid. Las autonomías los necesitan para financiar correctamente los servicios sociales, la enseñanza, la sanidad... y cuadrar las cuentas.
"Los recursos del modelo de la financiación —el 50% del IVA, el 50% del IRPF y el 58% de impuestos especiales—, son recursos de las comunidades autónomas de régimen común. No son del estado. El estado sólo los recauda, no se puede quedárselos. Y la muestra más perfecta, más bonita, más redonda de que no son suyos es que no figuran nunca en el presupuesto general del estado", como explica a Vilaweb Albert Carreras, catedrático de historia e instituciones económicas de la Universitat Pompeu Fabra y exsecretario de Economía de la Generalitat. No porque lo diga el catedrático Carreras, sino porque la ley española así lo establece.
Caen de maduras un par de conclusiones. Una: El País se mete de hoz y coz en la trampa del gobierno. El diario no explica qué pasa sino aquello que al gobierno central le interesa. De algo se habrán dado cuenta —sólo es una intuición— porque lo dan en un rincón de portada, pequeñín, que no salga humo por la chimenea.
La segunda conclusión es que si el ejecutivo español actúa al dictado de aquello que le dice la Abogacía del estado ¿por qué votamos o de qué sirven gobierno, Congreso y todo lo demás? Que se encarguen de mandar a los abogados del estado —a los que no ha votado nadie— y santas pascuas, ¿verdad? Es toda una peculiar forma de entender la gobernanza democrática de un estado de derecho —en este caso, de un estado del revés. Si ya es bastante sorprendente que los jueces se encarguen de dirimir por vía penal el conflicto catalán, ¿qué dirás de que sean los abogados del estado los mandamases de los presupuestos generales? Es genial.
Todavía tendrás que creerte a El Mundo: el gobierno español ha forzado a los abogados del Estado a fabricar un informe para justificar la arbitrariedad de quedarse un dinero que no le corresponde y paralizar la financiación de las autonomías. Para Catalunya, eso supone unos recortes del 6% sobre los presupuestos, que ya vienen torcidos porque son los de 2017, pues el Govern no ha sabido o podido construir una mayoría en el Parlamento para aprobar los nuevos.
Al lado de esta burrada, el resto de portadas parecen en la luna de Valencia. Juegan al despiste. Las primeras, las de los diarios catalanes. Una pena para Rosalía.
