Las portadas de la derecha madrileña vienen hoy indignadísimas. Las hace peores que justifiquen sus propias mentiras y exageraciones en la defensa de un principio maravilloso —la libertad de prensa—. El origen de tanta ira es la publicación en el BOE de la orden PCM/1030/2020, de 30 de octubre, sobre el "procedimiento de actuación contra la desinformación", para evitar "la difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persigue influir en la sociedad con fines interesados y espurios". Etcétera. Es tan indeterminada que abre la puerta a la discrecionalidad arbitraria, una especialidad de la administración pública. Hablando en plata, la orden no vale nada. Es un embrollo ilegible que no conseguirá los beneméritos objetivos que pretende porque no establece ningún "procedimiento" digno de ese nombre. Eso sí, establece hasta cinco niveles de ejecución de este potingue legal. ¡Cinco!
Esos niveles los ocupan políticos, altos funcionarios, policías, militares y espías. Personas seguramente simpáticas y avispadas, pero que quizá no son el perfil para el "fomento de la información veraz, completa y oportuna, que provenga de fuentes contrastadas de los medios de comunicación y las administraciones", como dice la orden, a la que le convienen unas cuantas comas. Más adelante, una frase contradictoria: "fortalecer la libertad de expresión y el debate democrático [¡viva!], examinando la libertad y pluralismo de los medios de comunicación [¿cómo?]". También habla "de establecer medios de funcionamiento y mecanismos dirigidos a evaluar de manera continua el fenómeno de la desinformación a nivel global y particularmente para España". Un desastre. Claro, cuando un gobierno habla "de evaluar la desinformación" y del "fomento de la información veraz, completa y oportuna", la gente del gremio de la información se guarda la cartera y echa a correr.
Para explicar este desaguisado no hace falta mentir ni exagerar. El gobierno español no podría establecer un "Ministerio" ni "Comité de la Verdad", ni "amedrentar a la prensa" o "vigilar a los medios en internet". Europa no lo permitiría. ¡No! Es broma. Es que es patético quejarse de eso. Las tres portadas son una excusatio non petita como un templo. Resistir tal propósito del gobierno depende de los propios medios de comunicación: si no se dejan, no hay gobierno, ni nada, ni nadie que pueda amedrentarlos. Otra cosa es que se dejen, pero eso no lo leerás nunca en ningún títular.
Por ejemplo, un ejemplo. Ayer, cuatro cadenas de televisión de los Estados Unidos (NBC, MSNBC, ABC y CBS), interrumpieron la emisión de la comparecencia del presidente Trump en la briefing room de la Casa Blanca. Los cuatro presentadores dijeron que el presidente mentía y que no aceptaban retransmitir mentiras de nadie. La CNN, que sí lo emitió, peinó a Trump después, contraponiendo los hechos a las mentiras y haciéndole ver que no entendía cómo funcionan las elecciones democráticas. Por cierto, en los EE.UU. no tienen ningún "procedimiento de actuación contra la desinformación" sancionado por el gobierno. Se ocupan de ellos los mismos profesionales (como se ha dicho antes) y, si conviene, los tribunales.
Ciertamente, es difícil estar a favor de un Comité de la Verdad que busque, como nos dicen los tabloides indignados, sujetar los medios a la disciplina del aparato gubernamental de comunicación y propaganda, promover a periodistas y opinadores sumisos a las consignas gubernamentales y partidistas, y acoquinar a los resistentes. Pero es que eso ya funciona hoy día sin necesidad de dictar ninguna orden ministerial, como bien saben todos los diarios, también los indignados.
Las portadas del resto de diarios se dedican a las noticias de verdad. Por suerte.
