El Mundo, ABC y La Razón sincronizan sus portadas de hoy: si Sánchez quiere dialogar con los independentistas y con Podemos, y sumar sus votos en el Congreso para mantener la mayoría de la moción de censura, ¿por qué el PP y Ciudadanos no pueden hacerlo con Vox? Quien lo dice más claro es La Razón. La respuesta a todo está en la portada de ABC, donde el presidente de Cs en Andalucía declara que no tiene "líneas rojas a la hora de negociar. Ni con Vox ni con nadie". Pues eso. Si a la derecha no da asco hablar con nadie (ejem, ejem), por qué se le reprocha a Sánchez la misma actitud?
Esos diarios no quieren respuesta a esa pregunta, que no es el debate de fondo, sino unos juegos de manos para ocultar la vergüenza de los pactos andaluces. Sencillamente, pretenden instalar la idea de que Vox es el equivalente español de los independentistas catalanes y/o de Podemos, uno de los argumentos favoritos de la campaña andaluza para hacer pasar a la gente el miedo, la inquietud o la vergüenza de votar a Vox y normalizar el voto a la ultraderecha, presentándolo como una opción tan legítima como cualquier otra.
Los cabecillas ultras deben leer estas portadas con agradecimiento eterno: para no dejar mal al PP ni ponerse ellos en falso, esos diarios les están regalando un marketing que ni ellos mismos habrían imaginado. La campaña ideal: el mensaje que les conviene sin gastar un céntimo en espacios donde ni soñaban llegar.
Este griterío esconde la relativa novedad del discurso de Pedro Sánchez de ayer, que nadie destaca: hay que mirar la Constitución con una "mirada amplia", según el presidente del gobierno español. Sólo le faltó un "y ahí lo dejo".
En la otro lado del ring, El País y El Periódico han preferido abrir sus primeras con la decisión del Tribunal de Cuentas de hacer pagar a la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, y a siete altos cargos del ayuntamiento, 25 millones de euros por malvender 1.860 viviendas sociales a dos fondos buitre. Ya veremos cómo acaba. La Razón titula la cosa con la respuesta de los sancionados: es una "sentencia política". Tiene gracia que se acuerden ahora y no cuando sancionó a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por los gastos del 9-N, o abrió expediente a Carles Puigdemont por el 1-O.
El Tribunal de Cuentas, a pesar de su nombre, no es parte del aparato judicial. Es el ente fiscalizador de la gestión contable de cualquier administración, organismo o empresa públicas y de los partidos políticos. Es una más de la red de altas instituciones con funciones supervisoras, asesoras o legales (y sancionadoras), cuyos miembros no son electos pero intervienen antes, durante o después en la acción de gobierno. Por ejemplo, la Junta Electoral o la Agencia de Protección de Datos. El Estado profundo, lo llaman.
La composición de este órgano se pacta en las Cortes. La actual, decidida entre Soraya Sáenz de Santamaría (PP) y Elena Valenciano (PSOE), mira por donde, nombró a Manuel Aznar López, hermano de José María Aznar —por lo tanto, cuñado de Ana Botella— miembro de ese ente. Voilà.
Entretanto, La Vanguardia y Avui juegan a su particular partido. Una portada contesta a la otra:
