Duele ver hoy las portadas de los diarios de Barcelona. Prefieren abrir con el cierre de la Cerdanya y del Ripollès y arrinconar la oposición al indulto de los presos políticos de los fiscales del juicio del 1-O. Es verdad que no es ninguna sorpresa la postura de Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Javier Zaragoza. No se esperaba otra cosa. Por tanto, el asunto no merecía más primera página que los recortes que llevan La Vanguardia, El Periódico, El Punt Avui y Ara, aunque todos ellos estén de acuerdo en que la existencia de esos presos —La Vanguardia y El Periódico nunca les llaman políticos— es, como mínimo, un impedimento grave para iniciar la reconducción del conflicto político y que liberarlos es casi condición previa para hacer nada, lo llames construir puentes, recuperar el diálogo, reanudar la convivencia, o como te apetezca. Esta posición, con más o menos filigranas retóricas, la han sostenido esos cuatro diarios en varios editoriales.
En este contexto, se hace extraño que las portadas de los diarios de Barcelona no se hayan hecho más eco, a pesar de su previsibilidad, de la obstinación cerril y terca de los cuatro fiscales o la indiferencia cruel que atraviesa cada uno de sus doce informes, uno por condenado. Peor aún, ni se han dado cuenta de lo que los diarios de Madrid han sabido ver mejor —de ahí que den más relieve al tema en sus portadas. Segurísimo que ha sido un despiste navideño de los diarios de Barcelona, porque hablaríamos de otra cosa si lo han visto y se han quedado fríos o les han temblado las piernas y han optado por salirse por la tangente.
Razones políticas de los fiscales
El Mundo y ABC hacen de altavoz de los fiscales, naturalmente. Es su línea editorial: represión, revancha, humillación. Cuanta más, mejor. El País, en cambio —no es ningún diario secesionista— abre con el tema porque tiene claro cuál es la madre del cordero y cuán grave es para la Democracia Consolidada™. Las razones que esgrimen los cuatro fiscales son sólo políticas, estricta y exactamente políticas. Ni su obstinación ni su crueldad son noticia, aunque por sí solas bastarían para tratar el tema al mismo nivel, cuando menos, que los cierres de las beneméritas comarcas del Ripollès y la Cerdanya, siempre merecedoras de tantas atenciones graciosas de los diarios barceloneses.
El País salta porque advierte que está en juego la separación de poderes. Por una parte, los fiscales aleccionan al Gobierno sobre a quién puede indultar y a quién no. Un indulto es una "gracia por la cual se remite total o parcialmente o se conmuta una pena", según el DRAE (el DIEC hace una definición parecida: gràcia especial per la qual l'autoritat perdona algú de tota o part de la pena a què havia estat condemnat). Una "gracia" es aquí una benevolencia, un don, un favor. Es decir, el indulto no tiene nada que ver con el derecho, la legalidad, las sentencias y los tribunales.
Un juicio de intenciones
Tampoco se opone. El indulto corresponde al ejecutivo, opera en otro nivel —el de la concesión graciosa, gratis, que es el perdón— y no se argumenta con razones de "justicia, equidad y utilidad pública" como pretenden los fiscales, sino políticas. En sus informes, además, los cuatro acusadores públicos lo presentan como una "moneda política de cambio en el campo de las negociaciones para la obtención de apoyos parlamentarios". Esto es un juicio de intenciones y avergüenza saber que lo firman cuatro fiscales del Tribunal Supremo. Quizás hablan ex abundantia cordis, es decir, como ellos actúan así, no pueden entender que otros se comporten con principios de otra calidad. Los diarios de Barcelona no se han alertado —el gobierno español tampoco ha dicho ni mu, será que le parece bien.
En segundo lugar, esos doce informes no sólo borran dudas sobre la motivación política de los acusadores públicos en el juicio del 1-O y justifican llamar presos políticos a los presos políticos. Los mismos fiscales se encargan de explicarlo. Podía haber sido diferente. Sin perder autoridad, dignidad ni respeto a la ley —nada de todo eso está en juego— los fiscales, que ya han hecho su trabajo, habrían podido callar y decir al Gobierno que es su tarea indultar o no, guste o no a los fiscales, a los jueces o al Lucero del Alba. Pero no, han pretendido coaccionar al ejecutivo y polarizar en su contra a la opinión pública. Han querido hacer política. Todo eso es lo que no advierten los diarios de Barcelona y de ahí que tengan más sensibilidad por el cierre de dos comarcas que por los presos políticos (Jordi Turull, Raül Romeva, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Josep Rull, Oriol Junqueras, Quim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart) y lo que representan. Es exactamente lo que lamentaba Joseba Azkarraga: "Si todos los demócratas hubiéramos puesto más interés en denunciar lo que pasa en Catalunya con los presos políticos..."
