La mayoría de portadas tiene hoy tono de celebración: se amplía el estado del bienestar con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una nueva prestación dirigida a los más vulnerados —porque vulnerables somos todos. Según las cuentas del gobierno español, la IMV distribuirá a los beneficiarios entre 460€ y 1.015€ mensuales en 12 pagas en función "exclusivamente del nivel de ingresos y del patrimonio" del receptor, siempre que no supere la renta garantizada anual. El receptor podrá sumar las prestaciones autonómicas a las que ya tenía derecho. La gestión de la cosa corresponde a la administración central, que ya lo ha traspasado al País Vasco y Navarra gracias al trabajo del Partido Nacionalista Vasco.

Bien. Tres notas a propósito de esta noticia. La primera es que abre las portadas de todos los diarios de buen corazón. El resto que no lo hacen son de dos tipos. Uno es El Punt Avui, que da prioridad al acuerdo multipartidista para pedir la libertad de los Jordis, que no es ninguna causa infame. Los otros son El Mundo, La Razón y ABC, que aprovechan para prevenir a su parroquia: que no me los engañen, es una medida populista promovida por Podemos que no puede esconder la división en la coalición de gobierno, etcétera. Cuando tienes el alma negra y el espíritu mezquino haces este tipo de portadas. Ni los malos de Dickens (foto), son tan malvados.

La segunda nota es que habrá que seguir atentamente la aplicación de la IMV. Si la historia sirve de algo es para estar alerta. Sólo hay que recordar cómo va la Ley de la Dependencia aprobada en tiempos de Zapatero. Madrid se haría cargo de la mitad de los recursos y las autonomías de la otra mitad —más la gestión. Hoy, cerca del 90% de los fondos dedicados a la Dependencia provienen de las comunidades autónomas. Más la gestión, que ya incluye dar explicaciones a los beneficiarios vulnerados y cabreados, claro. El deseo de toda la gente de buen corazón es que el IMV no acabe como la Dependencia.

La tercera nota es la del aguafiestas. El Ingreso Mínimo Vital es homogéneo para toda España, salvo en el País Vasco y Navarra. Esto tiene un punto tramposo, como ya había avanzado este diario. No es lo mismo ser pobre en Andalucía o Extremadura que en Catalunya o en el País Valencià. La vida es más barata en las dos primeras comunidades y más cara en las dos últimas. Las diferencias de poder adquisitivo entre unas y otras alcanzan hasta el 30%.

¿Y qué? Pues que no recibirán la prestación, o no en la proporción adecuada, miles de residentes en autonomías con un nivel de precios más alto, aunque sufran iguales o mayores dificultades que los residentes en autonomías con un menor coste de la vida. Más todavía: recibirán la misma cantidad los españoles que viven en capitales donde la vida es más cara que los residentes en pueblos donde la vida es más barata. Con el mismo dinero, unos no podrán comprar lo mismo que otros. He ahí cómo un beneficio social puede generar desigualdad.

Estos detalles aun no salen en las portadas. Ya saldrán. O no.