Se hace muy extraño que la aprobación de la ley mordaza digital tenga tan poca preferencia, o tan superficial, en las portadas de hoy. Ningún diario se queja de o pone en cuestión la sustancia del decreto ley que autoriza al gobierno español, del color que sea, a intervenir redes y cortar comunicaciones electrónicas sin autorización judicial por motivos de orden público. En la práctica, basta una mera decisión administrativa para que el gobierno deje sin cobertura tu teléfono móvil si considera que es necesario para controlar cualquier actividad que considere un desorden: una manifestación, una huelga, una marcha, una protesta.
La mentalidad restrictiva de los derechos de los ciudadanos que se esconde tras este decreto ley es obvia. Otorga al gobierno una tutela casi sin control sobre las comunicaciones electrónicas por motivos abstractos y discrecionales cuya definición queda en manos del mismo gobierno que los aplica. Juristas y expertos avisan: ese decreto ley puede usarse para coartar libertades fundamentales y es un síntoma claro de la tendencia a legislar en favor de la seguridad, el establishment y el statu quo en perjuicio de las garantías de los derechos y libertades de los ciudadanos.
El motivo del decreto ley es la llamada república digital catalana, aunque ni se menciona en la exposición de motivos ni se ha argumentado en la Diputación Permanente del Congreso que ha aprobado la regulación con los votos de PSOE, PP y Ciudadanos. La pregunta que los diarios evitan hacerse es si ese decreto-ley protege mejor los derechos de los ciudadanos o más bien refuerza los poderes represivos del Estado y fragiliza la seguridad jurídica, que consiste —dicho rápido— en conocer con cierta seguridad el perímetro de la ley y tener claras las conductas que lo rebasan. Dicho de otro modo, en estar a salvo de la arbitrariedad de los poderes públicos y sus agentes.
Los diarios ¿de qué lado están? Los que tocan el asunto en portada prefieren presentarlo como parte del tira y afloja político en torno a la investidura de Pedro Sánchez y la crisis catalana (o española). Es un enfoque superficial que les impide advertir que atacar ese conflicto —o cualquier otro— desde una óptica meramente represiva perjudica no solo a los rebeldes, sino a todos, sean unionistas (o constitucionalistas), independentistas o mediopensionistas.
El silencio sobre el fondo de esta reforma legal, tan represiva, explica muy bien la crisis de los medios informativos, que no es solo de modelo de negocio, sino de su valor como servicio público. David Remnick, director del referencial The New Yorker, dice siempre que la razón de ser del periodismo —de cualquier periodismo digno de ese nombre— es presionar al poder. Walter Cronkite, el gran tótem de la CBS del siglo pasado, creía que “periodismo es lo que necesitamos para que la democracia funcione”. A la vista de las portadas de hoy, ambos se llevarían un gran disgusto.
