Qué fuerte la fotografía de portada de La Vanguardia y de El País. Es todo lo que hace falta saber sobre la crisis de los refugiados: un veraneante en bañador y chancletas zampándose un bocadillo cerca de la playa de la isla italiana de Lampedusa y, al fondo, el Open Arms, cargado de personas rescatadas de una muerte segura en el mar. El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini —el hombre de la foto se le parece, además— bloquea ahora el acceso del barco al puerto de Lampedusa, aunque seis países europeos han aceptado acoger a las personas que lleva a bordo. Toda la miseria de Europa en una sola imagen.
Los diarios, que hasta ayer han dejado este asunto fuera de la portada en el momento más dramático, han hecho bueno el pronóstico hecho aquí hace dos días: lo destacarán en primera cuando no haya otros temas para disimular más esta vergüenza.
Otra portada que llama la atención es la de ABC. Se hace eco de un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la policía española, que calcula en 290 millones de euros la fortuna que la familia Pujol Ferrusola reunió a partir de 1990. No hay en la información ningún detalle concreto de dónde se sustrajo este dinero, pero el informe habla de "prácticas corruptas" de una "organización criminal" en que colaboraron "instancias de esta comunidad autónoma, que engloban toda su administración, desde las Consejerías a entes con personalidad jurídica propia vinculados como puertos marítimos, consejos comarcales, diputaciones, ayuntamientos, etc.", según expone el informe policial. Son muy simpáticos y de mucho chiste los detalles de precisar que los puertos son "marítimos" y el de añadir ese "etcétera" final, como queriendo decir que está implicado todo el mundo que se te ocurra.
Habrá que leer este informe atentamente, por supuesto. Una cantidad tal de dinero apunta a que todos los niveles de gobierno contribuyeron sobradamente a la cosa, como una mafia. No debe haber ningún funcionario por encima del nivel 25 que no haya sido soldado de los Pujol, porque desviar cada año, entre 1990 y 2003, una media de 20,7 millones no es una operación fácil de esconder. Es extraño que nadie lo advirtiera antes. Incluida la UDEF, claro, que ha tardado siete años en producir ese informe que, casualmente, ha entregado al juez dos meses antes del plazo para cerrar la instrucción.
