El Periódico abre hoy a toda página con una tercera revuelta ciudadana, la de las pymes, que no entienden y/o aceptan las medidas restrictivas del Govern contra la covid-19. Como primeras y segundas revueltas se pueden contar la de los autónomos y la del gremio de la restauración, el de la cultura y el ocio, aunque en estos sectores seguramente el 95% de los afectados es pyme o autónomo. Da igual.
El diario toca una fibra, cómo decirlo, muy "de país". Es complicado asumir el cierre gubernativo de la tienda, del bar, del teatro, de la peluquería, del taller, etcétera, sin la expectativa de alguna compensación. Al mismo tiempo, se hace cuesta arriba entender por qué unos negocios deben cerrar y otros no o no tanto. El Govern seguramente tiene razones y motivos. Los afectados, sin embargo, no los acaban de ver. No es sólo que las autoridades no se expliquen bien, o que les falte coherencia, pues un día dicen una cosa y al siguiente otra y van y vienen... La gente se inquieta.
Legitimidad extra
Quizás no se escucha bastante a quienes deben sufrir las restricciones y las medidas se toman de forma menos consensual de lo que el momento querría. Si el consentimiento de los gobernados es clave en una democracia decente, es legítimo preguntarse si decisiones y medidas que afectan al corazón de los derechos y libertades y a la misma vida y al futuro de la gente, están, digamos, autorizadas por las últimas elecciones, cuando no se sabía nada de pandemia ni de lo que obligaría a hacer a los gobiernos. Quizás aquellas decisiones y medidas piden un grado de legitimidad extra y hay que acordarlas más, por ejemplo con los sectores afectados —además del Parlament, claro.
Suecia es uno de los países con los que más se comparan las políticas sobre la pandemia. De entrada, no hay que olvidar que no somos suecos, gente que confía en sus vecinos porque sabe que cumplen las normas. Al margen de esta diferencia casi insalvable, resulta que el gobierno sueco pesa con mucho cuidado los pros y contras de cada restricción. Por ejemplo, si alguien es positivo, todos los de su casa van en cuarentena... excepto los estudiantes. El gobierno cree que los beneficios de confinarlos son menores que el perjuicio a su educación, explica The Economist. Igualmente, la cuarentena es de 5 a 7 días, no de 11 a 15 días. El gobierno del país escandinavo piensa que el riesgo de contagiar la covid-19 en la segunda semana es inferior al perjuicio para la salud mental de un aislamiento tan largo. Etcétera.
Exigencia sostenible
Tras esta actitud radica la idea e que exigir demasiado a la gente acaba por debilitar el cumplimiento y, por lo tanto, aumenta la propagación de la enfermedad. En sociedades como la nuestra, de baja confianza y cumplimiento de las normas, el equilibrio entre coacción y autocontrol tendrá que ser distinto, pero posible, razonable, sostenible. La portada de hoy de El Periódico y las de otros diarios de Barcelona de otros días (los de Madrid están más por los "asuntos de Estado") son una señal de alarma: el equilibrio entre Govern y ciudadanos empieza a resquebrajarse. Por suerte —o por ahora—, no tenemos ningún Trump que se aproveche del momento.
Está bien que El Periódico haya escogido este asunto por la primera página. Quizás así el debate tomará más volumen, más potencia, más participación. Especialmente si vienen nuevas decisiones delicadas. El Gobierno ha dicho que quiere elaborar un registro de vacunados para seguir su evolución, por ejemplo. Medidas como esta, donde hay en juego alguna cosa más que la eficiencia sanitaria y el cuidado de la salud, ¿no piden un consenso más amplio, más a fondo, más cuidadoso, para blindar su legitimidad? La portada de El Periódico da que pensar en todo esto.
