El Tribunal Supremo ordenó ayer al gobierno español que cada 15 días le explique qué medidas adopta y cómo las ejecuta para procurar que el personal de todos los centros sanitarios públicos y privados disponga de equipos de protección.
¿Qué hará el Supremo con esa información? ¿Imponer al Gobierno tales o cuales determinaciones (estas batas no, estas mascarillas sí…)? ¿Convocar una rueda de prensa quincenal para explicar si el gobierno lo hace bien? ¿Enviar a un juez a moderar la tarea de la Comisión Técnica de la pandemia? ¿Enviar un togado a las ruedas de prensa de la tal comisión? ¿Hacer ir a la policía judicial o a un secretario judicial a levantar acta de las sesiones del Consejo de Ministros, o de la comisión ejecutiva del Ministerio de Sanidad? ¿Despedir al ministro de Sanidad o a sus colaboradores si le parece que no hace bien su trabajo? ¿Despachar al presidente del gobierno si acumula una cifra N de incumplimientos porque la responsabilidad in vigilando, bla, bla, bla?
Si no va a hacer nada de todo eso ¿qué sentido tiene la resolución? ¿Qué eficacia? El Supremo justifica el control del Ejecutivo porque debe "preservar el derecho fundamental a la integridad física y el derecho a la salud de los profesionales sanitarios" y los enfermos (artículo 43 de la Constitución). Mira por dónde. ¿No tendría que actuar de la misma manera, pues, para proteger los derechos constitucionales a una "vivienda digna y adecuada" (artículo 47), a "un medio ambiente adecuado" (45) o "al acceso a la cultura" (44), por decir algunos que merecerían la intervención judicial de los ministerios respectivos?
Ya puestos a sustituir el Ejecutivo y al Legislativo, por qué hacer elecciones, mantener la competencia entre partidos, la separación de poderes, la existencia de la oposición, etcétera? De gobernar y hacer política se encarguen directamente los magistrados del Supremo y santas pascuas. Claro que a eso no se le podría llamar democracia, pero con el tiempo y unas multas...
Porque multas ponen bastantes. Por infringir el confinamiento (lo que sea que quiera decir eso), aplicando la "ley mordaza", desde el 14 de marzo al domingo pasado, se impusieron cerca de 650.000 multas. Las policías locales, 250.750; la Guardia Civil, 169.940; la policía española, 156.813; los Mossos, 48.254, y la Ertzaintza, 7.705. Eso bajo el impulso del Ministerio del Interior, el titular del cual es... un juez. Quizás todavía no hay suficientes hechos para establecer un patrón de conducta pero da que pensar un poco.
También tiene pinta que no se acaba aquí. Ayer, la Cadena SER publicó un correo electrónico, fechado el 15 de abril, donde el mando de la Guardia Civil insta a sus comandancias a "identificar, estudiar y hacer seguimiento" de "noticias falsas y fake news susceptibles de provocar estrés social y desafección a instituciones de gobierno", en relación a la covid-19. El objetivo del cuerpo armado era elaborar un informe monográfico "con la finalidad de tratarlo en próximas reuniones con el titular del departamento ministerial". El titular en cuestión es el citado juez.
Solo un diario alerta en portada de este estado de cosas: El Punt Avui. Lo toca también La Razón, pero para aplaudir. El resto dedican titulares a anécdotas como las cuentas de Facebook que favorecen al gobierno, a los pronósticos negrísimos del Banco de España, al precio del petróleo o al fiasco de los Nuevos Pactos de la Moncloa, que son asuntos menos anecdóticos pero es material viejo o de trascendencia relativa.
Se hace extraño ese silencio. Claro, cada diario tiene la sensibilidad que tiene. Quizá ayer los impresos tuvieron un mal día. Quizá ya les va bien así. Quizá reaccionarán hoy. En cualquier caso, esperemos que los siguientes en ser controlados por los jueces no sean ellos, y que no les obliguen a explicar cada quince días qué hacen para preservar el derecho constitucional "a expresar y difundir libremente los pensamientos, las ideas y las opiniones mediante la palabra, la escritura o cualquier otro medio de reproducción" (artículo 20).
