El departament d'Educació quiere dar autonomía a las escuelas para que adapten la política lingüística a la realidad de sus alumnos y de su entorno, según el borrador de decreto de currículos que este lunes han adelantado Ara y El Periódico. Uno abre la portada de este martes con la cosa y otro le dedica un cuadrito. Por lo que explican ambos diarios, no se trata, como decía La Vanguardia este domingo, de un "decreto para eludir" (o "esquivar") la imposición judicial del 25% de clases en castellano a todos los alumnos de cualquier etapa educativa. El objetivo para todos los centros es que los alumnos "finalicen la enseñanza obligatoria con pleno dominio de las lenguas catalana y castellana, y occitana en Arán" y, para los profesores, una competencia destacable en lengua catalana: será obligatorio el nivel C2. Ciertamente, se puede leer como una tentativa "de eludir" (o "esquivar") el diktat del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya —que de enseñanza no entiende nada, no tiene entre sus funciones la legislativa ni entre sus competencias la educativa. Se puede ver así, sí, pero hay que ponerle muchas ganas. Podían haber titulado diciendo que la nueva normativa sustituye la inmersión por una adaptación. Incluso decir, con más sal y pimienta, que el departament "entierra la inmersión". O que "traslada a las escuelas" el cumplimiento de la sentencia del 25%, como acusándolos de cobardes. Pero el diario escogió lo del "decreto para eludir" (o "esquivar"), juzgando las intenciones del departament y acusándolo de querer saltarse a los jueces. La realidad es otra. No hay nada mejor que tener los datos, los papeles, las cifras, etcétera, para hacer información. Lo puedes comprobar crudamente en la portada de El Mundo de hoy, también sobre la enseñanza en Catalunya: a falta de información, tira de interpretación y de juicios de intenciones.

El Periódico también se apunta este martes a abrir portada con el tema que motoriza las primeras páginas de El País desde hace días: los casos de pederastia cometidos por sacerdotes, religiosos y trabajadores laicos del ámbito religioso. Hace unas semanas, el diario entregó al papa Francisco y al presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, un dosier con 251 casos inéditos. El País considera que hay que activar la justicia y el Congreso para aclarar què pasó. Lástima que el tono de las informaciones del diario sea bastante acusatorio, como quien da por hecho que toda denuncia corresponde a un delito probado. Si se trata de aclarar la verdad, el dosier del diario es solo el principio y no el final. Un relato y no la prueba —menos todavía la condena. No cambia nada por mucho entusiasmo que el mismo El País le ponga y más espacio que le dedique —como hace muy santamente. Ni por muy odiosos que sean los casos denunciados —que lo son. Que sectores e instituciones de la Iglesia española arrastren los pies y se atraviesen no ayuda a la Iglesia española, claro, pero tampoco es ninguna demostración de culpabilidad, como se insinúa. Esta partida no será corta y se politizará bastante, como ya ha avisado el mismo diario en un editorial. La indignación que suscitan injusticias como las que aquí se ventilan y el afán de resolverlas y resarcir a las víctimas son naturales y lógicos en cualquier persona de bien. Pero quizá no son el mejor compañero de viaje de ningún diario, menos aun de los que son deudores de una tradición editorial de pontificar y aleccionar que se filtra en muchos de los textos informativos sobre este asunto y lo sitúan como protagonista del caso, arriesgando la eficacia y la presencia pública de la investigación y exponiéndose a que se le sospechen otras finalidades o se atribuya a prejuicios. Quizás el ardor de El País en este asunto también sobraría para investigar y aclarar abusos sexuales en otros ámbitos, como los que ha denunciado Ara, por poner un caso.

El segundo título de portada de ABC te hará sonreír. El tabloide monárquico se queja de que el gobierno español "olvida once leyes urgentes que pactó con los socios". Tiene gracia el afán del diario para exigir que se aprueben leyes que seguramente no le gustarían nada, aunque, mirándolo bien, también le proporcionarian jugoso material para sus lamentos y quejas de portada. Aun es más gracioso que ABC no se indigne nada por el enésimo aplazamiento de la mesa de diálogo entre el Govern y el gobierno español. Es cierto que la mesa no es ninguna "ley urgente", sin embargo, tratándose Catalunya del principal problema para España, quizá merecería una indignación parecida a la que causa el olvido de las once "leyes urgentes".

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