Libertad de expresión política: un imperativo para la democracia es el título del último informe del Consejo de Europa. Indica que la defensa pacífica de la independencia de un territorio es un ejercicio de la libertad de expresión que, por lo tanto, no puede ser perseguido. Al contrario, pide una protección "especialmente elevada para los políticos" que propongan "incluso la independencia" o "cambios en la Constitución". Los políticos detenidos por defender programas que "respeten los límites de la libertad de expresión" se tienen que considerar "presos políticos" y tienen que ser liberados inmediatamente". El papel no menciona a Catalunya, aunque se basa en el informe Cilevics y otros que sí abordan directamente el caso catalán. No es difícil darse cuenta de que, a la vista del informe, España es un Estado que incurre de lleno en estos supuestos represivos, de los que se protege fabricando a las sentencias unos actos violentos que no encajan en el derecho de ninguna democracia de calidad ni tampoco en los diccionarios.
Naturalmente, esta información no figura en ninguna portada de diario de Madrid... ni de Barcelona —salvo la de El Punt Avui. Dirás que no se podía saber y que ya estás acostumbrado. Pues mal hecho, porque la libertad de expresión es un derecho civil fundamental, básico. A un Estado que se la carga puedes colgarle el sambenito de represor. Como decía un bromista, se empieza fumando y se acaba quemando iglesias. Se empieza por justificar o esconder el recorte de derechos a los disidentes políticos pacíficos porque caen mal o se tildan de intolerables y se acaba más cerca de Turquía que de Finlandia. Pero estas son lecciones que España no acepta.
Llama la atención una nueva portada de La Vanguardia donde peina al Govern de la Generalitat por ejecutar sólo un 32% de las inversiones presupuestadas. Lleva un editorial especialmente duro, con sustancia, donde propone una auditoría externa y la creación de un comisario que vele por el cumplimiento de los presupuestos. Ni estas propuestas ni la crudeza cortante del lenguaje se han utilizado cuando la administración que incumple es la central, la española, "Madrid", llámale B. Al menos en los últimos editoriales sobre el tema, que son este del 31 de mayo del 2022, este del 7 de octubre, este otro del 13 de octubre y el de hoy mismo. La Vanguardia ha cogido el ritmo de un editorial por semana para reprobar —con buenas razones, sí— la incompetencia y las carencias inversoras de las administraciones públicas, cosa que perjudica gravemente la vida de los ciudadanos.
En todos esos editoriales, el Estado central siempre sale mejor parado que la Generalitat. Cuesta mucho no sospechar de los incentivos que tiene el diario para mantener esta actitud —ahora semanal— cuando los datos del Gobierno en este punto, especialmente los del Ministerio de Transportes, son peores que las de la Generalitat, como el mismo diario ha explicado este mismo mes aquí ("El Gobierno destina a Catalunya el 17,2% de la inversión estatal después de la ínfima ejecución del 2021") o aquí ("El Estado invierte en Catalunya el 16% del presupuestado hasta junio"). Este mismo mes de junio, El Periódico ya desnudó el sesgo de La Vanguardia con un análisis que contiene los datos reales desglosados del desbarajuste inversor público. Algún estímulo tiene el diario para seguir trece son trece en este asunto. Quizás nos lo aclarará la semana que viene, si se mantiene la rutina informativa que el diario mantiene desde principios de mes.
