Las portadas vienen divididas, para sorpresa de nadie. La mayoría (La Vanguardia, El Periódico, ABC, La Razón; un poco menos El Mundo y El País) abren con el ultimátum del presidente del gobierno español al Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Los diarios más gubernamentales explican la propuesta del gobierno de Pedro Sánchez: retirar el poder de nombrar jueces al CGPJ mientras no se renueve. Es fuerte, y agravado porque no sigue las recomendaciones, digamos imperativas, hechas por la comisión de la UE y el GRECO del Consejo de Europa. Los aspavientos de los diarios del Trío de la Bencina se echan de menos cuando (no) hablan casi nunca que el órgano de gobierno de los jueces españoles hace cinco años que tiene el mandato caducado y que el bloqueo es cosa de dos, también del PP.
Solo Ara da importancia a la revuelta de los cuatro fiscales del juicio a los líderes del 1-O. La aplicación de la amnistía "con respecto al delito de malversación de fondos públicos es improcedente y contraria a las leyes", dicen los acusadores para amenazar al fiscal general, Álvaro García Ortiz, con retirarse de la causa si no les da la razón. A ver cómo lo hace García Ortiz, que es su superior jerárquico, para sacar adelante la ley de amnistía sin resquebrajar la fiscalía. Los fiscales Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno también exigen a su jefe que convoque la junta de fiscales de sala, el estado mayor de la fiscalía, para razonar y presentar por escrito los argumentos para saltarse el criterio de los fiscales del 1-O.
Por otra parte, Pablo Llarena, el juez instructor del caso del 1-O dice que tiene dudas sobre el encaje de la amnistía en el caso del presidente Carles Puigdemont, de los consellers Toni Comín y Lluís Puig, y de la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Llarena mantiene las órdenes de detención por si cualquiera de los cuatro entra en España. Solo falta saber qué harán Manuel Marchena y el resto de jueces de la sala de lo penal del Tribunal Supremo. El procés, la trituradora política más eficaz del régimen del 78, llega ahora al Poder Judicial, y dejará su reguero de muertos y heridos, como ha hecho en casi todas las áreas de la vida política catalana y española por donde ha pasado. La Justicia española no tenía que ser menos.
