Naturalmente, la invasión de Ucrania por Rusia abre las portadas de la mayoría de los diarios, justamente el día que el ejército de Putin conquista Kherson, estratégico puerto y tercera ciudad del país. Por debajo queda la noticia de que la fiscalía renuncia a investigar los indicios de fraude fiscal y soborno cometidos por Juan Carlos I, irregularidades que describe con mucha claridad el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, en sus informes, donde no hace prisioneros. Si lo que explica el fiscal se atribuyera a cualquier ciudadano español o extranjero residenciado en España (tú mismo/a, por ejemplo), el ministerio público se habría querellado contra el ciudadano en cuestión (tú mismo/a, por ejemplo). El rey emérito sale incólume porque algunos de los hechos se cometieron hace demasiado tiempo y han prescrito. Otros decaen por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución otorga al jefe de Estado. Las que no caen en ninguno de los supuestos anteriores las ha limpiado la regularización fiscal a que se acogió el emérito. Que la fiscalía haya querido hacer pública ayer su decisión no es ninguna casualidad. Tampoco lo es que ABC y La Razón, que incluso abren portada con el tema, y El Mundo, lo expliquen como si Juan Carlos no hubiera hecho nada, insinuando que todo es una conjura de fiscales con la piel demasiado fina y unos políticos ansiosos de ajustar cuentas. Sencillamente, la mejor manera de no llamar la atención no es ignorarlo o esconderlo, sino explicarlo de una manera menos perjudicial. Es la misma táctica de Vladímir Vladímirovitx para fabricar la narrativa con que explica la invasión de Ucrania como una buena acción.

Es un misterio por què esos tres diarios no quieren o no se atreven ni a reproducir el escrito del fiscal jefe anticorrupción, que no es ningún monigote. No será porque no dispongan de la información ni porque no hayan leído el retrato del defraudador y comisionista internacional que allí se presenta. El Trío de la Bencina podría informar, explicar las cosas, pero prefiere blanquear el sepulcro, para decirlo con una imagen evangélica popular. Una prueba: la fiscalía dice que no se ha podido establecer, "ni siquiera de manera indiciaria", ningún vínculo entre los 64.884.405 euros ingresados en la cuenta de la fundación Lucum el 2008 y la adjudicación de las obras del AVE en La Meca. Pero también añade que se trataría de un "regalo en consideración" a la condición de cabeza del Estado de Juan Carlos I. Eso es indicio de soborno... pero habría prescrito. El Mundo, La Razón y ABC explican en portada la primera parte (no hay indicios), pero no la segunda (sí que hay). La Vanguardia, que en portada pasa sobre el asunto con pies de gato y un título administrativo, aun tiene vergüenza de decir que hay indicios de delito, pero pronto se apresura a añadir que "las opciones [de Juan Carlos I] de volver a España son mayores". El Periódico también lo titula en frío y se fija sólo en la parte del informe que le conviene. Que le conviene a Juan Carlos I.

Otro tema que no aparece en las portadas es el devastador efecto de las sanciones impuestas a Rusia, la undécima economía mundial. Es ilegal que empresas occidentales traten con los grandes bancos rusos —salvo comercio de energía—, a los que ha cerrado el grifo de los circuitos globales de pagos. El flujo de capitales hacia y desde Rusia casi se ha detenido. El banco central ruso no puede acceder a buena parte de sus reservas extranjeras, 570.000 millones de euros que ya no pagarán la guerra de Putin. El rublo ha caído un 28% este año. El capital huye. Las cotizadas rusas fuera del país han caído más de un 90%. Las multinacionales se marchan: ayer era Siemens, instalada en Rusia desde 1852. El aviso de una inflación desbocada es grande. La amenaza del corralito es real y los rusos hacen cola en los bancos "desde Moscú hasta Múrmansk", explica The Economist. La Unión Europea y los Estados Unidos castigan sin piedra ni palo.

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