El Punt Avui lleva este jueves en portada un título de esos como la carta robada del cuento de Poe. Todos la tenían a la vista y nadie la supo ver. Si esta frase tenía que utilizarse para un títular, hoy era el gran día. Cierto, no es el hecho el sujeto del título (El País lo explica mejor que nadie, directo a la mandíbula: La Fiscalía renuncia a la querella contra Juan Carlos I) pero sí condensa en cuatro palabras la sensación más que general del público al ver que el rey emérito, después de todo lo que sabemos de sus negocios, cae de cuatro patas, como los gatos, y pasa el aprieto con una mano atada a la espalda en su refugio catarí. La Fiscalía ha anunciado un informe exhaustivo, duro, etcétera, en el que dirá que pese a los esfuerzos del ministerio público no hay manera legal de querellarse contra Juan Carlos I porque lo protegen la inviolabilidad que la Constitución otorga al jefe del Estado, la prescripción de algunos delitos y las regularizaciones fiscales, presentadas a tiempo gracias a la precaución de la misma Fiscalía.
Tiene gracia. El informe explicará hechos que, cometidos por otra persona, habrían sido investigados, querellados y, probablemente, condenados. En el caso de Juan Carlos I, con la ley en la mano, no pueden condenarse. Con la ley en la mano. Bravo. Al menos sigue viva la investigación de la fiscalía suiza, y quizás podremos conocer los reales trasiegos y trapicheos —como en tiempos de la dictadura de Franco se recurría a la prensa francesa para enterarse de lo que pasaba realmente en España.
Será muy difícil que la ciudadanía entienda y admita que se ha tratado al Rey emérito como a cualquier otro "se llame como se llame y tenga el apellido que tenga", por usar la expresión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. No todos los ciudadanos tienen las prerrogativas de que disfruta el Rey emérito, ni les dará la impresión de que se le ha investigado como se investigaría a cualquier otro. Quizás, de la misma manera que ha sabido afinar el archivo de esta causa, la Fiscalía también sabrá afinar su informe para que la suerte de Juan Carlos l no genere rabia y frustración entre aquellos a los que estaba obligado a servir, a los mismos ciudadanos que le han pagado la vida, las pompas y las obras —descontadas comisiones.
Los diarios tendrán un trabajo complicado, que requerirá algo más que lo que hacen hoy en portada. Algunos podrían empezar por ahorrarse publicar a cortesanos y pelotas lo de que la monarquía española es la mejor encarnación de los valores y de las virtudes republicanas. O retirar el crédito a la idea de que una cosa es la institución y otra muy diferente la persona que la representa, etcétera. Ten confianza. Tenemos una prensa tan buena como la que más y seguramente se animarán a investigar el emérito con el mismo esfuerzo y paciencia que emplean en Los papeles de Manglano, los Pandora Papeles o las cuentas del Barça. De momento, este jueves, algunas portadas publican la noticia en el espacio más pequeño de la portada, como La Vanguardia —parece que les cuesta tanto como ir al dentista— o El Mundo, y otros, directamente, ni lo publican, como El Periódico. No les hace falta ninguna Fiscalía: se lo afinan ellos solitos.
BOLA EXTRA. El Tribunal Constitucional ha avalado por 7 votos a 3 la prisión permanente revisable (la cadena perpetua) aprobada en 2015 en solitario por el Partido Popular. A principios de septiembre, el TC colombiano, por 6 votos a 3, la declaró inconstitucional porque "perjudica gravemente la dignidad humana de la persona condenada y al sistema penitenciario, no es una medida proporcional ni efectiva", no respeta el objetivo de reintegrar a los presos a la sociedad, y "comporta un proceso que viola la dignidad del ser humano al anular su autonomía como sujeto moral, además de causar daños irreversibles a su salud física y mental". La propuesta colombiana estaba calcada de la española. El Constitucional español, sin embargo, tiene una sensibilidad diferente. Muy diferente.
