Miras algunas portadas de este martes y parece que se haya descubierto una gran estafa cometida por la Iglesia católica. La impresión que dan los títulos de la mayoría es que el gobierno español ha obligado a la Conferencia Episcopal (en realidad, a cada diócesis, pero explicar esto aquí, ahora, sería largo) a reconocer que se había amparado de mil propiedades que no eran suyas tras un largo proceso para revelar la verdad y devolverlas a sus legítimos propietarios, a sus herederos o —eso ya tiene más miga— al Estado. Una historia que haría salivar a los periódicos comecuras de hace cien años como El Progreso o El Diluvio, algún folletón anticlerical de Bartomeu Gabarró o revistas satíricas como Lo Borinot o Lo Martell. Lástima. Los hechos son bastante más vulgares y no merecen títulos tan mal cargados. Hace un año, el Ministerio de Justicia entregó a los obispos una lista de 34.961 bienes inmuebles, la propiedad de los cuales se atribuía a la Iglesia, porque los había inmatriculado (registrado) o porque así figuraban en registros oficiales. Hablamos de templos (más de 20.000), colegios, cementerios, centros de atención social o sanitaria, etcétera. También de algunas fincas rústicas y otras curiosidades (frontones, por ejemplo) poco sorprendentes en un país donde la Iglesia ha sido tan protagonista durante tantos siglos. En fin, que los obispos han revisado la lista y este lunes le han dicho al gobierno español que 965 ("un millar") de los bienes incluidos no son suyos y habrá que emprender el proceso para averiguar quién es su propietario. En Catalunya, la revisión de las 4.278 inmatriculaciones de la lista ha descubierto 294 atribuciones erróneas.
Los periódicos, sin embargo, en lugar de explicar que obispos y gobierno han aclarado este caso y se ha enmendado el catálogo inmobiliario de los obispados, todo de buen rollo entre unos y otros —una historia sin chispa— han preferido montar una leyenda como aquellas de hace un siglo sobre frailes que envenenaban las fuentes. Puesta al día, naturalmente. Perdona las comparaciones exageradas pero es que está todo explicado en los documentos de la Conferencia Episcopal y del Gobierno español. Pues bien, Ara dice que la Iglesia "admite que se apropió de un millar de bienes inmuebles". ¿Dónde admite eso la Iglesia? Por suerte no escribe "robar" o "rapiñar" —es lo mismo— pero el juicio de intenciones y la acusación ya están hechos. La Vanguardia también comete una buena pifia, porque no solo repite la misma idea con más cortesanía —su título permite suponer que puede ser un despiste y no solo un robo—, sino que abre portada con el tema. Quien mea más fuera del tiesto, sin embargo, es El Punt Avui, que habla "de expolio reconocido", "la Iglesia confiesa" y del "propósito de enmienda" de la Conferencia Episcopal. Duele ver cómo se exponen al ridículo de una manera tan flagrante —¿no han leído los papeles?— y es cómico que, encima, lo hagan con un lenguaje tan clerical. También patético es La Razón, que aprovecha para meter un rejonazo a Pedro Sánchez ("Moncloa") al insinuar que el Ministerio de Justicia hizo la lista con intención de perjudicar a la Iglesia. Lo mismo hace ABC en su segunda portada. Anda ya.
Claro, ahora es difícil dar marcha atrás si desde 2017 has explicado esta historia de las inmatriculaciones en clave Les caves du Vatican, excitando el comecurismo tan de aquí, tan mediterráneo, insinuando una conjura política y financiera que recuerda a Los Nacionales, el cartel que Juan Antonio Morales dibujó en 1936 para el Ministerio de Propaganda de la República y que ilustra esta pieza. Con esos antecedentes y el morbo que todavía reservamos para las conspiraciones de sotana y caja fuerte, a ver quién es el guapo que dice hoy martes que la montaña parió un ratón, que no hay ningún saqueo y que todo es legal y correcto salvo ese 2,7% de los bienes inmatriculados en toda España (en Catalunya, el 6,9%), que los obispados dicen que no son suyos a la vez que se ofrecen a colaborar para resolver el asunto. ¿Qué drama tan colosal, verdad?
Ciertamente, la Iglesia tiene bastantes líos de cosecha propia por resolver y tampoco es obligatorio que te caiga bien. Ya nos entendemos. Pero los hechos tienen que respetarse, especialmente si está en juego la fama de personas e instituciones, te gusten o no esas personas e instituciones.