La confusión judicial es considerable y el griterío político va en aumento. Solo hay que reunir las diversas piezas que aparecen en las portadas de algunos diarios para darse cuenta de que el poder judicial está en pie de guerra contra el ejecutivo y el legislativo —el Gobierno y el Congreso de los Diputados y el Senado— a raíz de la entrada en vigor de la reforma del Código Penal que deroga la sedición, reformula la malversación y establece el nuevo delito de desórdenes públicos agravados. Jueces y fiscales se resisten, digamos sediciosamente. Ningún diario de este sábado te lo explica así, quizás porque no osan pintar el panorama como lo que es: una revuelta de magistrados y fiscales del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional contra las decisiones del la Moncloa y de las Cortes españolas que tú votaste.
Dice El Mundo que los fiscales de la causa del 1-O han decidido ignorar la letra de la reforma y consideran que, en la revisión de la sentencia del 1-O, los líderes independentistas condenados pueden ser acusados de malversación agravada —desviar recursos públicos en beneficio personal— y de desórdenes públicos agravados, cosa que les dejaría inhabilidades por casi una década. Es decir, van más allá que el magistrado Pablo Llarena que, en el auto del jueves, consideraba que los hechos del 1-O no encajan en el tipo de desórdenes públicos agravados y solo es posible mantener las acusaciones de desobediencia y malversación. Esta impugnación de Llarena por la derecha hace ruido de conjura y peste|pudor de amenaza.
El País, por su parte, explica que el juez de la Audiencia Nacional que investiga los principales casos de corrupción se plantea archivar algunos a causa de la reforma de la malversación, la misma actitud sediciosa de los jueces y fiscales que han interpretado la reforma de la ley del "solo sí es sí" para excarcelar a algunos delincuentes sexuales o rebajar penas con afán de desacreditar aquella ley.
El auto de Llarena ha abierto la caja de los truenos jurídicos y las consecuencias aparecen en los títulos principales de La Vanguardia (Puigdemont puede ser extraditado este año) y de El Periódico, que este sábado se ha despertado (se complican los planes del gobierno español para Catalunya). La actitud de esos jueces y fiscales parece más la de quien se dedica a descubrir vías para aplicar los castigos máximos a los líderes del 1-O, especialmente al presidente exiliado Carles Puigdemont —aunque sea al precio de desobedecer al gobierno y al parlamento españoles y de saltarse el nuevo Código Penal—, antes que a aplicar la ley refomada por los mismos gobierno y parlamento.
