Las portadas de El Mundo y de El País vienen hoy animadísimas con la enésima tentativa del magistrado Pablo Llarena para que le entreguen al President Carles Puigdemont. Llarena dice ahora que la Abogacía del Estado estaba equivocada cuando aseguró al Tribunal General de la UE (TGUE) que las órdenes europeas de detención contra el exiliado se habían suspendido mientras el mismo TGUE no resuelve las cuestiones prejudiciales sobre el caso planteadas por el mismo Llarena. La doctrina de la justicia europea es que, en estos casos, el procedimiento judicial sobre el que se formulan cuestiones queda suspendido —y así lo indica el tribunal en el caso de Puigdemont— pero el juez español argumenta ahora que él no suspendió nada, que no estaba obligado y, además, que la detención es una medida cautelar que no es parte del procedimiento.
En fin, que si no has entendido nada, te has perdido estás que no te lo crees o indignado, imagínate cómo estarán los jueces del TGUE, que levantaron en parte la inmunidad parlamentaria en Puigdemont justamente porque no había riesgo de que lo detuvieran y/o entregaran a España. Ahora Llarena, un juez creativo, les dice lo contrario, de manera que ofrece a los jueces europeos un buen motivo para mantener la inmunidad a Puigdemont. Por otra parte, es difícil de entender que Llarena, el Tribunal Supremo, la administración española de justicia, hayan escondido durante tres meses que la euroorden contra el presidente exiliado está viva, que no la suspendieron. No parece un olvido, porque pretenden aprovecharse de la situación. Queda pensar que es mala fe. La misma mala fe que aplican a Puigdemont pueden aplicarla a cualquier otro ciudadano porque sí.
La prensa que compra acríticamente el relato de Llarena —sobre todo la de Madrid, pero también la que se edita en Barcelona— lo hace porque no le queda más remedio. Los tribunales europeos han rechazado los resultados de las actuaciones del Supremo y del magistrado Llarena en lo que tiene que ver con el proceso al 1-O. En Alemania, en Bélgica, en Italia, en Suiza, en Escocia... Pero esos diarios, que se han hecho el sordo a la hora de explicar estos batacazos, siempre dan credibilidad a la justicia española, la misma que ha sido advertida otra vez por el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), que reprocha a España la "falta de un avance positivo tangible" para reforzar la independencia del Consejo del Poder Judicial. Es el séptimo año que dan ese aviso. Séptimo.
Es igual. El País ya habla de "la supuesta suspensión de la euroorden dictada contra Puigdemont". Supuesta. Se defiende la actuación de la justicia española contra el 1-O y el independentismo igual que los fanáticos defienden a su equipo de fútbol. Tiene sentido. Porque si la justicia en este caso no es justicia, tendrán que explicar qué es, y los conceptos represión y arbitrariedad tendrían que aparecer a la hora de describirlo. Seguramente no los utilizarán con el mismo entusiasmo que despliegan en las portadas de hoy para favorecer las decisiones, cuando menos dudosas, del magistrado Pablo Llarena y del Tribunal Supremo, a quienes el precedente no pronostica muy buen futuro en Europa. Ya se sabe que si no tienes vergüenza, tienes que tener cara.
