La trama se complica. Las portadas de este jueves añaden un tercer vértice a la política española del momento: la corrupción ha hecho saltar a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, a causa de su marido, Juan Carlos Martínez, imputado por delitos de prevaricación, malversación y blanqueo de capitales. A Martínez, dos hermanos suyos y a su cuñado, se les investiga en relación al desvío de ayudas públicas a empresas suyas. Este tercer lado se añade a la farsa de la moción de censura de Vox —que, mira por dónde, ya no abre ninguna portada— y el boicot a la delegación del Parlamento Europeo que investiga el caso Pegasus, el espionaje de los aparatos del Estado español a dirigentes políticos y a numerosos políticos independentistas y su entorno familiar y profesional —un caso desaparecido de las portadas. Las embajadas y corresponsales tendrán trabajo para explicar què ocurre en la democracia plena llamada España.
El kommentariat madrileño presenta el hecho de que todo sea conocido y tenga consecuencias —dimisiones, jueces que investigan, la confusión parlamentaria, el griterío de los medios, etcétera— como una prueba de buena salud política. Un punto de razón tienen, porque una democracia en marcha es un sistema que a menudo avanza acompañado de jaleo y dificultades —si lo piensas te darás cuenta de que es inevitable. Pero, claro, es que en España solo hay jaleo y dificultades. Avances no se ven tantos. La dimisión de la directora Gámez (la mejor jefa del cuerpo en los 178 años de la Benemérita, según el ministro Marlaska) se añade a los casos de corrupción Mediador y Cuarteles, que han sacudido el cuerpo paramilitar con la imputación de dos generales retirados. El drama salpica a derecha e izquierda. Los militares comprometidos han sido cargos en los gobiernos de Mariano Rajoy y el marido y parientes de la directora lo han sido en los gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía. Da para un buen thriller político al estilo de El Reino, donde Rodrigo Sorogoyen retrata a la España hortera, castiza y corrupta.
En este contexto, resulta revelador comprobar que ni uno de los cuatro diarios que se editan en Barcelona abre con alguno estos temas. La Vanguardia está ceniza y vuelve a hablar del debate sobre la retirada de los motores de combustión, una cosa que la UE hace año y medio que negocia y espérate sentado que hay para un ratito más. El Periódico explica que Ucrania ha señalado una empresa de Vilassar de Mar por suministrar material no letal al ejército ruso —concretamente unas esteras para dormir. Vamos. El Punt Avui conmemora el quinto aniversario de la entrada en la prisión de varios líderes indepes. Ara abre con un asunto —se duplica la cifra de menores denunciados por delitos sexuales— sobre el que se informó la semana pasada en términos muy parecidos, aunque la fuente de los datos era otra. No se sabe qué es peor, si los aspavientos y mohínes de los diarios de Madrid solemnizando la actual farsa político-militar (perdón por la palabrota) o los de Barcelona silbando y mirando al techo como queriendo hacer ver que en España no pasa nada del otro mundo.
