Explicaba ayer Pilar Velasco que el llamado "caso Neurona", que arrancó al mismo tiempo que la actual coalición del gobierno español, ha servido para abrir una decena de causas contra Podemos, de las cuales seis ya se han archivado. Hay otras tantas abiertas de las cuales casi todas han acabado con el letrero de "sin pruebas". La portada de El País de este jueves explica que las causas se las habían inventado las cloacas del Estado. ¿Qué debemos pensar de otras causas políticas movidas contra Podemos o el independentismo? Ya no sabes qué carta quedarte. Por eso tiene gracia que, en la misma portada, por debajo, aparezca un título donde se dice que Laura Borràs "reta al Constitucional" al contar el voto "de un diputado huido". Lo dice en referencia a Lluís Puig, a quien la justicia belga ha considerado un hombre libre a quien la justicia española no tiene motivo para acusar. El diario, cegado por el nacionalismo banal, ni se da cuenta del contrasentido de poner un título bajo el otro. Sería lógico pensar que, si a Podemos hace ocho años que le persiguen con causas fabricadas, el caso contra los independentistas no tiene que estar mejor fundamentado. Pero no. A El País no le chirría poner una cosa sobre la otra.
Justamente sobre Podemos va otro tema que parece fabricado en algún despacho de influencias. Tanto ABC como El Mundo explican que el gasto militar ha aumentado en 1.100 millones o un 20% con el actual gobierno español en que participa Podemos, como queriendo decir que no tiene ningún sentido que los podemitas amenacen ahora con marcharse porque Pedro Sánchez ha hecho aprobar mil millones extra por el mismo concepto. Quizá sea así, pero tiene gracia la sincronía de uno y otro diario en el mismo asunto. Otro que recibe en las portadas es Boris Johnson, el primer ministro británico, que aparece solo y abandonado, a las puertas de dimitir, después de que unos cuantos ministros y altos cargos le hayan dejado, entre otros los dos pesos pesados de su gobierno.
Las portadas —todas— ignoran la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, según la cual las euroórdenes emitidas en 2019 contra Carles Puigdemont y Toni Comín son ilegales, dado que se cursaron antes de pedir el correspondiente suplicatorio en el Parlamento Europeo. De las derrotas nunca se habla. Aquí ya se ha dicho varias veces que si la decisión final de la justicia europea acaba exculpando a los eurodiputados independentistas, los lectores se llevarán un susto grande, porque los diarios, hasta ahora, no les han explicado casi nada.
