La noticia del día en las portadas de papel es una exclusiva de El País. PSOE y Unidas Podemos han acordado reformar 10 artículos de la llamada "ley mordaza", como se conoce a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Un puñado de conductas típicas del derecho de manifestación y protesta dejarán de estar tipificadas como infracciones, y se reducirán espacios de arbitrariedad policial que hasta ahora eran norma. La "ley mordaza" fue aprobada por el Partido Popular en solitario, vía mayoría absoluta, en 2015. Ahora hace falta que las reformas pasen el trámite parlamentario y la más que probable revisión del Tribunal Constitucional. El País dice que el Gobierno "pone fin" a la "ley mordaza". A ver, "poner fin" es un verbo un poco exagerado, como los rumores sobre la muerte de Mark Twain. El diario progre quiere echar flores a la iniciativa —se las merece— pero es menos de lo que PSOE y Unidas Podemos comprometieron en su programa de gobierno, que habla de "derogar" la ley, que es algo más. Además de que el diario blanquea la resistencia de los socialistas desde el gobierno español y en el Congreso a anteriores intentos de reforma.

Una de las modificaciones consiste en rebajar de seis horas a dos el tiempo máximo que la policía puede retener a alguien en comisaría para identificarle. En tiempo de móviles, redes y datos en la nube, el PP tuvo el descaro de permitir a la policía que dispusiera de los arrestados hasta seis horas solo para identificarlos. Es difícil no ver aquí afán intimidatorio y punitivo. Otra de las reformas pactadas incorpora el catalán (y el resto de lenguas cooficiales) al DNI. Las lenguas cooficiales lo son desde 1978: han tardado 43 años al llegar al documento oficial más básico. Enhorabuena a todos. No abras el cava todavía, porque falta que lo aprueben las Cortes y la tercera cámara legislativa en que se ha convertido el Constitucional —también gracias a una reforma del PP y a su peculiar manera de constituirse.

La ley mordaza tipifica como infracción más de 40 conductas ordinarias en protestas sociales o políticas, como tomar y difundir imágenes de una manifestación o traspasar un cordón policial imaginario (periodistas incluidos). Una infracción es sancionable administrativamente, a pesar de no ser delito, sin necesidad de proceso judicial. En una sanción no existe la presunción de inocencia y, por defecto, se da por buena la versión policial (o del funcionario). Por lo tanto, quien tiene que contradecir con pruebas en los agentes eres tú, es decir, que tienes que demostrar que eres inocente —en desigualdad de condiciones. En Tú ¡cállate! (Editorial Rayo Verde), Laura Huerga y Blanca Busquets documentan la amplitud de la degradación de los derechos a la libertad de expresión, de manifestación y de información que ha causado la "ley mordaza". Todo el mundo recuerda a los raperos Valtònyc y Hasél, pero quizá no los casos de los detenidos en las movilizaciones por el soterramiento del tren en Murcia o a la panadera multada por decir en Facebook que la policía no la atendía y muchas otras que recoge ese libro —o las multas impuestas durante el confinamiento por la pandemia—.

"La ley mordaza no es solo una ley", dicen Huerga y Busquets. "Es más bien un arsenal casi infinito de armas [...] concebido para delimitar una libertad que el Estado ve amenazadora. En un momento histórico sin enemigo ideológico punible [...] —por la desaparición de ETA— y combinada con una reforma del Código Penal que favorece el mal uso de los delitos de incitación al odio y de enaltecimiento del terrorismo, la ley mordaza se ha convertido en la instrumentalización del miedo, el miedo puesto al servicio del poder y de una ideología concreta, heredera del franquismo y perteneciente a las estructuras de Estado". Es una música que en el Estado español suena de hace tiempo. La portada de El País anuncia el inicio de su fin y desenmascara la normalización de una anomalía como es la tendencia de las autoridades a reprimir la disidencia más que a proteger los derechos y libertades civiles y políticas de los ciudadanos. Porque a veces es mejor permitir el desorden que cometer una injusticia, como dice una frase atribuida a Goethe.

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