Arranca hoy a toda portada y en casi todas las portadas la danza de los siete velos de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva dos años y medio con el mandato caducado. Los mandatos son de cinco años. Las funciones principales de la cosa son velar por la independencia de los jueces respecto a otros poderes del Estado (va, no te rías) y nombrar a los jueces de los principales tribunales. El PP tenía bloqueada la negociación porque la composición actual del organismo le es favorable. Tiene gracia que diarios como El Mundo, La Razón o ABC presenten el obstruccionismo del PP como una resistencia a la "politización" del Poder Judicial, mientras que los esfuerzos —no siempre acertados— de la actual coalición de gobierno española para renovarlo se describan como todo lo contrario.
En el fondo, lo que pasa es que a esos diarios la politización que viene no les gusta tanto como la presente. Pensarás qué mala figura hacen, porque si están pendientes del interés ciudadano, cómo puede ser que estos 28 meses no hayan hecho la vida imposible a los partidos y al Poder Judicial exigiendo la renovación en los términos establecidos, denunciando los nombramientos en este periodo de interinidad, etcétera. En fin, sabes bien que la relación entre los diarios y el interés público es, digamos, conflictiva, y la consecuencia es que suelen perder, exactamente, los ciudadanos —en minúscula, que siempre hay que aclararlo todo—, la misma justicia y los profesionales a quienes perjudica todo este circo de togas.
Es también triste comprobar, portadas en mano, la poca fiabilidad de lo que hoy explican los diarios, más allá de descubrir sus apuestas. Cada uno cuenta hechos diferentes sobre el mismo asunto. Mientras El País dice que el PP veta a dos "magistrados progresistas" —eufemismo para decir patrocinados por el PSOE y/o Podemos-, ABC afirma que el PSOE "valora ceder a Podemos" dos sillas —mensaje: ¡mamá, miedo!—, La Razón afirma que Podemos aun hace tambalearse el acuerdo, y El Mundo que el presidente del PP, Pablo Casado, ha jurado vetar cualquier intervención de Podemos, como queriendo decir tranquilos, la subasta del Poder Judicial quedará, como siempre, en manos de los dos grandes partidos dinásticos españoles. Atado y bien atado.
La Vanguardia se hace un lío entre título y subtítulo. En el principal dice que los partidos están cerca del acuerdo y en el secundario que ninguna parte admite cesión alguna. A ver, si nadie afloja en nada ¿a qué tipo de pacto van a llegar? O es un milagro, que en política no se usan, o no saben gran cosa de las negociaciones. Por suerte, el papel lo aguanta todo.
Eso. Que los diarios se han acostumbrado al mercadillo judicial y lo tratan como un fenómeno meteorológico recurrente. Recuerdas bien la historia de la anterior —y fallida— renovación. En noviembre de 2018, PP y PSOE cerraron la alineación del CGPJ, con Manuel Marchena de presidente y mayoría de vocales recomendados por los socialistas. Desgraciadamente para ellos, se filtraron unos whatsaps del portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, a sus senadores y diputados: que no se inquietaran, que "controlarían por detrás" la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y la Sala 61, que se encargan de juzgar a políticos y partidos, de manera que los casos de corrupción del PP quedarían en buenas manos. El acuerdo se fue al garete y ya sabes el resto: sentencia Gürtel durísima con el PP, moción de censura, bla, bla, bla. Marchena presidió al tribunal que juzgó a los líderes del 1-O.
El hecho de que jueces y magistrados no protesten —es atronador el silencio del estamento judicial ante esta subasta— también explica tantísimas cosas sobre la salud del tercer poder en la Democracia Plena™. Justo el día en que se conmemora el fracaso del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Pensándolo bien, quizá no fracasó tanto.
