La Vanguardia dice hoy en portada que el Departament d'Educació prepara un "decreto para eludir" la sentencia que le obliga a hacer que todos los alumnos de cualquier etapa educativa reciban un 25% de clases en castellano. En la práctica, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), confirmada por el Tribunal Supremo, se carga la inmersión lingüística en la enseñanza obligatoria. De hecho, en cada escuela hacen lo que pueden y saben, de manera que una cosa es la inmersión sobre el papel y otra la realidad de cada centro. La impresión que da la pieza de La Vanguardia, sin embargo, es la de una especie de bombardeo preventivo, como acusando y avisando al Govern antes que haya hecho nada y, peor aun, contra los hechos conocidos. El diario afirma que Educació no aplicará la sentencia —acusación grave— con base en el blablablà de rebeldía inofensiva del Govern ("La escuela no se toca", etcétera) aunque el mismo diario explica que todas sentencias que imponen el 25% a escuelas concretas "han sido acatadas hasta ahora". ¿En qué quedamos? ¿No son los hechos los que cuentan —y aquello que es materia para los jueces? Las palabras ("Blindaremos la escuela catalana", etcétera) se las se las lleva el viento. Los hechos, sin embargo, son que Educació y las escuelas acatan la política educativa decidida por los jueces. ¿Qué realidad es noticia, las protestas, tan vehementes como vacías, o la sumisión del departamento y las escuelas a las sentencias del 25%? Si se quiere suponer o adivinar el futuro, el pronóstico más lógico no es que la conselleria desobedezca.

Según La Vanguardia, el conseller adelantó que haría un decreto a sus directores generales en una reunión a mediados de enero, afirmación sin atribuir ni documentar. También explica que esta semana el mismo conseller anunció al Parlament que prepara "un nuevo marco normativo para reforzar el modelo de escuela catalana". Quizás el conseller ha repensado lo del decreto, no quiere mojarse o no sabe qué hacer. De acuerdo. ¿Pero por qué vale para titular lo que dijo a mediados de enero y no lo que dijo más tarde? ¿Por qué el diario habla primero de hechos que ocurren después? En fin, qué curioso que la portada dé por hecho "un decreto para eludir" —acusación grave— basándose en una información confusa e inconcreta, carente de verificación oficial o, cuando menos, de referencia a una negativa del departamento a hablar. Quizás sí será así y Educació aprueba un "decreto para eludir", pero hoy el diario no lo sostiene con ningún dato, ninguna información. En el editorial sobre el caso, insiste en que "todo indica" que se prepara el "decreto para eludir". Lo que indica todo, de momento, es lo contrario. EI diario, sin embargo, avisa: si no se incluye el 25% de castellano, el TSJC puede tumbarlo.

El diario avanza dos alternativas —también "para eludir"— al supuesto decreto. A cada una adjunta una aviso de fracaso. El decreto de currículos para el curso que viene permitiría a Educació, en el marco de la Ley Celáa, trasladar a las direcciones de los centros la aplicación del 25% de castellano bajo la "protección jurídica asegurada" del departamento —que el departamento nunca especifica. El diario añade inmediatamente que la ministra de Educación ha recordado que las sentencias son para cumplirlas y que "no prevé que tenga que activarse como parte actora", que es como cuando la madre o el padre amenazan: "mira que si me quito la alpargata...". Otra vez sin atribuir. A la alternativa de modificar la Llei d'Educació de Catalunya, aprobada en 2009 por PSC, ERC y CiU, nueva amonestación: haría falta un debate pedagógico, consenso en el Parlament y "confiar en que el TC no la tumbe", además de que el TSJC impone el 25% sí o sí, como queriendo decir que todo es tan difícil que resulta imposible y que ni lo intenten.

En el editorial sobre el asunto, piadoso y condescendiente, La Vanguardia dice que el TSJC confirmó la sentencia del Supremo (es al revés, un lapsus lo tiene cualquiera) y reconoce con la boca pequeña que la sentencia tumba la inmersión que tiene apoyo social y político. El diario amonesta al Govern y le exhorta a dialogar, negociar, tener voluntad de acuerdo, etcétera, etcétera. Ninguna referencia a las cuestiones de fondo: la intervención de los jueces estableciendo una política educativa arbitraria (el 25% se lo sacan de la manga) por encima del Govern emanado del Parlament, ni a las opiniones contrarias de la mayoría de expertos, a la aceptación pacífica del sistema desde 1984, a la voluntad muy mayoritaria de los padres de mantenerla, a los buenos resultados conseguidos o a que muchos de los escasísimos casos de oposición están motivados políticamente, como se ha demostrado hasta hoy. Hace mes y medio se hablaba aquí "del diario decidido, indignado y puntiagudo" que, a la altura de la propia historia y responsabilidad, abría portada con la manifestación en defensa de la lengua catalana en la escuela. Hoy, otra vez, es insidioso, miedica, complaciente. Lástima.

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