La justicia suiza ha dicho al juez Manuel García-Castellón "señor, suélteme el brazo". Se deduce de la portada de El País de este viernes, que abre con una primicia que vuelve a desacreditar la instrucción del caso Tsunami Democràtic que dirige el juez de la Audiencia Nacional. García-Castellón había pedido auxilio para localizar a Marta Rovira y también información sobre una cuenta bancaria utilizada supuestamente para financiar las movilizaciones. La respuesta del departamento federal de Justicia y Policía suizo deja al juez como un párvulo ignorante o como un fanático obsesionado. Es la tercera vez que le pasa y la justicia suiza ha querido asegurarse de que lo entiende. "La jurisprudencia de nuestros tribunales —dice— ha considerado que las organizaciones criminales/terroristas incluyen, por ejemplo, a las Brigate Rosse italianas, la ETA vasca y Al Qaeda, pero NO a las organizaciones que, usando medios que no son actos de violencia criminal, luchan por el poder político en el país" (el énfasis és de los suizos). Suiza no ve acreditada "la implicación precisa de la señora Rovira" en los hechos investigados. García-Castellón había apuntado como pruebas una reunión en Ginebra, de la que se desconoce su contenido, y que Rovira "fue la que más rápido tuiteó el primer mensaje de Tsunami", según explica el diario madrileño. Suiza dice que Tsunami no cometió ningún acto terrorista, que Marta Rovira no es una terrorista y, por tanto, tampoco lo son desde Carles Puigdemont al último manifestante de Urquinaona o del aeropuerto. Es la tercera vez que lo dice. Quizás esta sea la buena.
Ya veremos. Porque la justicia española es tozuda y practica el sostenella y no enmendalla. Una prueba de ello —que no aparece en las portadas y no tiene nada que ver con el independentismo— es una nueva sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que insiste en que España otorgue contratos indefinidos a los funcionarios interinos, los empleados públicos que encadenan contratos temporales años y años. El TJUE indica que aunque estos interinos no se conviertan en funcionarios, su relación laboral con las administraciones tiene que ser indefinida. Esta sentencia afecta a unas 800.000 personas. En febrero, el TJUE ya sentenció en la misma línea sobre 360.500 trabajadores calificados de personal laboral temporal. El Tribunal Supremo español rechazó esta sentencia, al considerar que "es incompatible con el sistema español de autoorganización de su propia administración pública". A ver qué pasa con esta segunda, que ya aconseja a los tribunales españoles no hacer caso del Supremo y seguir la legislación europea.
Entretanto, La Vanguardia se entusiasma con una insinuación de María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, en una entrevista en RNE: "Catalunya tendrá que ver satisfechas las necesidades y las competencias singulares que tiene". Solo eso sirve al diario de la Diagonal para abrir su portada, como queriendo decir que el gobierno español sopesa articular una financiación particular para Catalunya. Nah. Se han olvidado de escuchar el resto de la entrevista, cuando menos el momento en que la ministra, a quien preguntan si las negociaciones con Catalunya pueden ir en paralelo al resto de autonomías, dice: "No creo que tenga ningún sentido que nosotros hagamos carpetas diferentes de un tema que es común. O sea que no, nunca lo hemos planteado en estos términos [y] hace falta atender las singularidades que se pueden presentar en determinados territorios [...]". Son ganas de dejarse enredar o de abaratar el precio de los propios principios. El Punt Avui titula la misma entrevista exactamente al contrario. Quizás es que cada uno escucha aquello que quiere escuchar —o que la ministra sabe mucha gramática parda.